Se abren los incentivos para todas las actuaciones del programa Moves Andalucía

moves andalucía
La Agencia Andaluza de la Energía cuenta con un presupuesto de 17 millones de euros del programa MOVES II

La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, ha abierto hoy el plazo para que ciudadanos, empresas y administraciones puedan presentar solicitudes de ayudas para infraestructuras de recarga, sistemas de bicicletas eléctricas y medidas de movilidad sostenible. Estas actuaciones se suman a la de adquisición de vehículos de energías alternativas, cuya ventanilla telemática para solicitar incentivos se abrió el pasado 21 de octubre.

De esta forma, Andalucía dispone de un presupuesto total de 17 millones de euros para mejorar energéticamente el transporte a través del Programa de Movilidad eficiente y sostenible MOVES II, regulado a través del Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, y gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía.

Para que la movilidad eléctrica sea una realidad en nuestra región es necesaria la instalación de infraestructura de recarga de vehículos  tanto públicos como privados. Por eso, esta medida es la que más presupuesto tiene del Programa, 8,6 millones de euros, para cuatro tipos de puntos de recarga: carga convencional (recarga totalmente un vehículo eléctrico entre 6 y 8 horas y una motocicleta eléctrica entre 2 y 3,5 horas), carga semi-rápida (en unas 2 horas recarga un vehículo eléctrico), carga rápida (recarga íntegra en 30 minutos) y ultra-rápida (que en, aproximadamente, 20 minutos recarga la batería).

Los coches eléctricos se pueden cargar en la propia vivienda o garaje comunitario, en postes en la vía pública, aparcamientos públicos, estaciones de servicio…Así, las empresas que decidan su instalación pueden solicitar una ayuda del 30% de la inversión que realicen, con un límite de 100.000 euros por destinatario. Los particulares y entidades locales recibirán un 40% y, en el caso de las comunidades de propietarios, también será subvencionable la preinstalación eléctrica.

Otra medida que se activa a partir de hoy, dotada con 1,7 millones de euros, son los incentivos a actuaciones de movilidad sostenible, que podrán solicitar autónomos y empresas para mejorar y facilitar el acceso a los centros de trabajo; así como las entidades públicas para adaptar las ciudades a los requisitos exigidos por la pandemia de la COVID-19, reforzando el transporte público y promoviendo una distribución urbana de mercancías más sostenible, así como desplazamientos individuales. Con un máximo de 425.000 euros por beneficiario, las ayudas para esta actuación oscilan entre el 40% para entidades con actividad comercial o mercantil, y el 50% para el resto.

Los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas para empresas, polígonos industriales o de uso público cuentan con un presupuesto total de 860.000 euros. Incluye no sólo la adquisición de las bicicletas y los gastos en software necesarios, sino también la obra civil, anclajes y bases del sistema, para lo que recibirán el 30% del coste subvencionable hasta 100.000 euros.

Solicitudes para más de 500 vehículos de energías alternativas

Un total de 552 motos, cuatriciclos, turismos, autobuses, furgonetas y camiones eficientes han solicitado ya ayudas en Andalucía en la medida 1, correspondiente a la adquisición de vehículos de energías alternativas, que se puso en marcha el pasado 21 de octubre con un presupuesto de 6 millones de euros, del cual ya se ha comprometido el 40%. Una cifra que supera con creces la alcanzada con la primera edición del programa MOVES, cuando un total de 376 vehículos solicitaron ayudas por  importe de 1,6 millones de euros.

Los particulares y entidades públicas reciben un incentivo de 5.500 euros, una pyme 4.000 euros y una gran empresa 3.000 euros cuando adquieren un turismo eléctrico con una autonomía mayor de 90 kilómetros si aportan un vehículo para achatarrar. Incentivo que disminuye si no entregan un vehículo.

Para otros vehículos eficientes (híbridos enchufables –PHEV, de autonomía extendida –REEV-, eléctricos puros (BEV), de pila de combustible –hidrógeno- o camiones de gas) los incentivos oscilan entre los 600 y los 15.000 euros.

Hasta 13.500 euros (sin necesidad de achatarramiento) reciben las entidades públicas, pymes y gran empresa si adquieren camiones y furgones sustentados por Gas Licuado del Petróleo (GLP/Autogás), Gas Natural Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado (GNL) y bifuel gasolina-gas.

La adquisición de todos estos vehículos puede ser de forma directa o por medio de leasing o renting. Asimismo, los fabricantes o puntos de venta deben realizar un descuento comercial adicional mínimo de 1.000 euros para turismos y furgonetas.

Formación a empresas adheridas

Los beneficiarios cuentan con el apoyo de las empresas adheridas (concesionarios, puntos de venta, fabricantes, importadores, entidades de renting, instaladores, etc.), que son las encargadas, además de venderles los vehículos eficientes o instalar la infraestructura de recarga, de realizar todos los trámites relacionados con la solicitud, gestión y justificación de los incentivos en nombre de sus clientes, por lo que es fundamental que conozcan todos los detalles técnicos y formales de la gestión de los incentivos.

Por ello, la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a las Consejerías de la Presidencia, Administración Pública e Interior y Hacienda y Financiación Europea, ha puesto en marcha un plan de formación, materializado en 10 seminarios on line, cuya finalidad es minimizar el número de incidencias en la documentación de los expedientes que se presenten. Los cinco primeros seminarios, dirigidos a las empresas adheridas de la Actuación 1 (vehículos eficientes) a los que se inscribieron más de 1.000 empresas, se celebraron durante el mes de octubre, estando prevista la segunda parte de la formación, dirigida a las empresas adheridas de las actuaciones 2, 3, y 4 durante la primera quincena del mes de diciembre.


Plan Formación MOVES II. Noviembre- Diciembre 2020: https://tinyurl.com/y5z999cq

El Gobierno destinará 1.100 millones de euros a movilidad eléctrica ya en 2021, si lo aprueba la UE

movilidad-electrica-automoción
La partida para conseguir el despegue de los vehículos eléctricos está enmarcada dentro del plan de recuperación comunitario, al igual que los 600 millones para la generación de hidrógeno verde. España espera que esos fondos sean aprobados próximamente

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha informado de que el Gobierno ha incluido una línea de 1.100 millones de euros destinados a la movilidad eléctrica, y otra de 600 millones para la generación de hidrógeno verde, dentro del plan de recuperación que ha remitido a la Unión Europea, y que están encuadrados en la partida 420 B de 5.300 millones de euros, que gestionará el IDAE, que servirá también para la rehabilitación de edificios y a aumentar el peso de las energías renovables.

Según ha explicado Aagesen en una comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados, recogida por La Tribuna de Automoción, el Ejecutivo «está pendiente de que se apruebe próximamente ese reglamento europeo y nuestro plan» para que se pueda activar el programa en 2021, que permitiría, entre otras cuestiones, renovar un parque de vehículos que ya alcanza una media en España de 12,9 años.

Inicialmente, el hecho de destinar únicamente 63,8 millones de euros al Plan Moves III, a lo que hay que añadir dos líneas de crédito de 100 millones de euros cada una para el desarrollo de baterías y generación de hidrógeno verde, había sido acogido con tibieza por el sector, aunque era consciente de que podía incrementarse gracias al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE, si se vencen las trabas burocráticas.

Esta cuantía de 1.100 millones de euros, más los 263,8 millones mencionados anteriormente, en principio, sería una apuesta a mayores del anuncio hecho por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 15 de junio de este año, cuando anunció un plan para la automoción de 3.750 millones de euros, de los que 1.535 millones se movilizarían desde 2020 y los 2.215 restantes, a partir de 2021.

Asimismo, supera con creces los 200 millones de euros anuales incluidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que ha sido «valorado por Bruselas», que ha manifestado que es «una sólida base para la recuperación de España».

En respuesta a las críticas de PP, VOX y Cs, por la gestión de las políticas de automoción del Gobierno, Aagesen ha recordado que se ha lanzado un programa de acompañamiento del sector y que más del 80% de los vehículos que se fabrican en España se exportan a mercados europeo, como el Británico, que tiene «unos objetivos más ambiciosos que nuestro país en materia de electromovilidad».

Las matriculaciones de vehículos eléctricos puros acumulan una subida del 41,5% hasta octubre, con más de 26.600 unidades

Alcanzar un parque de 250.000 unidades en 2023 como consta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia exige una media de 43.000 nuevos registros anuales en los próximos cuatro años

Las ventas de vehículos eléctricos puros de todo tipo subieron un 41,5% hasta octubre, contabilizando 26.606 unidades, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM). Solo en octubre, los registros crecieron un 26%, con 2.247 unidades.

Matriculaciones de vehículos eléctricos puros en octubre
Matriculaciones de vehículos eléctricos puros en octubre. Fuente: AEDIVE-GANVAM

En un análisis por tipo de vehículo, los turismos, que supusieron el 51% de las matriculaciones de eléctricos, crecieron un 41,3% durante el pasado mes, hasta alcanzar las 1.146 unidades; acumulando un aumento del 38,5%%, con un total de 11.470 unidades. Las furgonetas eléctricas, por su parte, pierden peso en el reparto de última milla, cayendo un 45% los registros durante el pasado mes, hasta situarse en 110 unidades matriculadas. Así, en lo que llevamos de ejercicio registran un descenso del 23,1%, con un total de 1.288 unidades.

Si nos fijamos en los ciclomotores que, a través de la fórmula de motosharing, están contribuyendo en gran medida a la popularización de la movilidad eléctrica crecieron en octubre un 162,3%, hasta las 559 unidades, representando casi dos de cada 10 matriculaciones de eléctricos. En lo que va de año, suben un 60%, con un total de 7.322 registros.

 

Colaboración público-privada y una mayor dotación para incentivar la movilidad eléctrica

Infografías VE octubre 2020A pesar del crecimiento que registra la movilidad eléctrica, en contraste con la caída general de las matriculaciones, alcanzar los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española -que fija para 2023 un parque de 250.000 vehículos eléctricos, frente a los 78.000 actuales- exige la puesta en marcha de una ambiciosa estrategia impulsora.

En este sentido, según las estimaciones de GANVAM y AEDIVE, es necesario matricular una media de 43.000 unidades de vehículos eléctricos de todo tipo al año en los próximos cuatro ejercicios. Para 2020, ambas entidades estiman un aumento del 55%, hasta situarse en el entorno de las 38.000 unidades.

De ahí, que para acelerar la consecución de objetivos estimen necesaria un mayor esfuerzo para incentivar la movilidad eléctrica. Las previsiones de Transición Ecológica están orientadas a que los 64 millones de euros previstos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado sirvan para incentivar la compra de 50.000 vehículos eléctricos en 2021, si bien será necesaria una estrategia continuada y estructural para poder aumentar el parque de eléctricos de manera progresiva.

Para AEDIVE y GANVAM, este impulso a la movilidad eléctrica debe ir acompañado de un despliegue de los puntos de recarga, de manera que para poder alcanzar los 100.000 previstos para 2023, es básico, por un lado, ponérselo fácil a los operadores con pliegos y licitaciones homogéneas y, por otro, apostar de forma decidida por la colaboración público-privada. En este sentido, el apoyo a los talleres para adaptarse a la movilidad eléctrica, aceleraría la capilaridad de la red de infraestructuras en más de 40.000 puntos.

La movilidad eléctrica pisa el acelerador

cargadores vehículos eléctricos
La descarbonización del transporte gana velocidad con el plan estatal y de las autoridades ferroviaria y portuaria

“Estamos viviendo la década de la movilidad eléctrica”, en palabras de Ricard Font, presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Ya antes de los planes de recuperación económicos, la electrificación del transporte era una prioridad en las estrategias estatales como medida básica para frenar el calentamiento global, al ser uno de los principales sectores emisores de gases de efecto invernadero. Ahora, esa misma apuesta se ha redoblado.

Por tierra, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española prevé el despliegue de más de 100.000 puntos de recarga de coches eléctricos antes del año 2023 (hoy no se llega a 7.000 puntos públicos). El objetivo es que España cuente con 250.000 vehículos eléctricos nuevos para ese año y alcanzar los cinco millones para el 2030. Esto implicará pasar de las actuales 10.000 matriculaciones anuales de coches eléctricos a 500.000 unidades para el 2030.

Desde arranque del año la venta de eléctricos crecen un 43%

De momento, las ventas de vehículos eléctricos están aguantando mejor la caída de la economía que los de motor de combustión, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam).

En cuanto al origen de estos vehículos, Arturo Pérez de Lucia, director general de Aedive, señala que “todavía tenemos un enorme reto para atraer nuevos modelos cero emisiones a las fábricas españolas”. También destaca la idoneidad de conseguir “la implantación de una fábrica de baterías” en el país.

El ya de por si electrificado transporte ferroviario también se está poniendo las pilas en materia energética. En un encuentro organizado por el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), Ricard Font señaló que “la energía que mueve los ferrocarriles de la Generalitat es, desde el año 2019, de origen 100% renovable”. El presidente de FGC explicó que la entidad está “promoviendo de manera especial” la energía solar, una apuesta lógica –a su parecer– por la gran cantidad de horas de luz que irradian Catalunya. El objetivo es que el 100% de la energía eléctrica de los ferrocarriles sea solar en el 2021, un porcentaje que este año será del 25%.

Ricard Font también aseguró que “el tren está cobrando un protagonismo especial”, ganando terreno al avión “en los trayectos de menos de tres horas porque el tren es más eficiente energéticamente”.

También el Port de Barcelona ha anunciado planes para reducir a la mitad sus emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, con la meta de ser neutro en emisiones en el 2050. En línea con los demás puertos mundiales miembros de la World Ports Climate Action Program (WPCAP), el puerto barcelonés se ha comprometido a impulsar nuevas acciones para acelerar la reducción de emisiones en la industria marítima y la actividad portuaria.

Las propuestas giran en torno tres grandes ámbitos: la electrificación de los muelles, la promoción de combustibles cero emisiones y la implantación de energías renovables. Cabe destacar también la apuesta de la Autoritat Portuària de Barcelona por el ferrocarril. La institución ha anunciado la construcción de nuevas terminales y la ampliación y mejora de las existentes.

Aviones de hidrógeno

El constructor aeronáutico europeo Airbus trabaja en tres conceptos de aviones propulsados por hidrógeno, según declaraciones de su director ejecutivo, Guilleume Faury, en la web del diario Le Parisien. Airbus ambiciona ser “el primer fabricante” del sector en llevar al mercado esta tecnología de aviones sin huella de carbono.

La Comunidad de Madrid da hasta 700 euros de ayuda para comprar motos, bicis y patinetes eléctricos

patinetes eléctricos
La Consejería de Medio Ambiente apuesta por la movilidad sostenible y moviliza una partida de 3 millones de euros

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene previsto aprobar este miércoles una partida de 3 millones de euros para fomentar la compra de vehículos cero emisiones. Los madrileños que opten por la movilidad sostenible recibirán ayudas directas que van desde los 150 euros para patinetes hasta los 700 para ciclomotores eléctricos de dos ruedas. Para bicicletas con sistemas de asistencia al pedaleo se prevén subvenciones de 600 euros. Estas subvenciones podrían cubrir hasta el 50% de la compra de vehículos.

Esta línea de incentivos, promovida por la Consejería de Medio Ambiente que dirige Paloma Martín, se aprueba con carácter retroactivo: podrán beneficiarse de ella las personas que hayan comprado un vehículo de este tipo desde enero de este año.

La partida presupuestaria, detallan desde este departamento, se distribuye en algo más de 1,2 millones de euros para las adquisición de bicicletas; 250.000 euros para patinetes eléctricos; 575.000 euros para ciclomotores y 950.000 euros para el bono ambiental de movilidad cero emisiones.

«Podrán beneficiarse las personas físicas, mayores de edad, residentes en municipios de la Comunidad», señalan desde Medio Ambiente, para añadir que las bases de esta línea de ayudas, enmarcadas en el Plan de reactivación tras el Covid-19, se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

La partida también incluye bonos de 1.250 euros para usar en servicios de movilidad compartida (conocidos por sus nombres en inglés, carsharing motosharing) a quienes entreguen para achatarrar un vehículo con más de 10 años.

Esta iniciativa tiene como objetivo «reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y conseguir una mejora significativa de la calidad del aire», sostienen desde Medio Ambiente. Además, esperan conseguir «una reducción de la contaminación acústica, eficiencia energética y un uso más racional del espacio urbano».

Iberdrola y Volvo llegan a un acuerdo para impulsar la movilidad sostenible en España

Acuerdo-Iberdrola-y-Volvo-para-impulsar-la-electromovilidad-en-España
Volvo Car España e Iberdrola han alcanzado un acuerdo de colaboración para impulsar la movilidad sostenible en España, a través del que la firma energética será el proveedor de recarga para los modelos de la gama Recharge de Volvo, según informaron ambas empresas en un comunicado

Así, Iberdrola junto con Wallbox suministrarán a Volvo la solución de recarga de vehículos para sus clientes, incluyendo la comercialización del punto de recarga y también la instalación en garaje privado o comunitario.

Como parte del acuerdo, los clientes de Volvo que lo deseen podrán contratar la tarifa Plan Vehículo Eléctrico de Iberdrola, una propuesta que incluye además seis meses de recarga gratuita en toda la red de uso público de Iberdrola.

El comunicado conjunto contempla que los clientes de Volvo que tengan un modelo Recharge podrán cargar su vehículo a través de la infraestructura de Iberdrola con energía «100% verde», procedente de fuentes de generación limpia, que cuentan con certificados de garantía de origen renovable (GdOs).

Además, los puntos de recarga estarán localizados en la ‘app’ de Recarga Pública Iberdrola, que incorpora información verificada de todos los cargadores de vehículo eléctrico operativos en España, tanto los de Iberdrola como los del resto de operadores.

Este acuerdo forma parte de la estrategia de la firma energética por la electrificación del transporte, como palanca clave para la reducción de las emisiones y la contaminación, así como para la recuperación verde en el mundo posCovid.

Iberdrola prevé invertir 150 millones de euros para el despliegue de puntos de recarga de coches eléctricos, con la previsión de instalar cerca de 150.000 puntos de recarga, tanto en hogares, como en empresas, así como en vía urbana, en ciudades y en las principales autovías en los próximos cinco años.

Volvo, por su parte, tiene el objetivo de reducir un 40% la huella de carbono por vehículo durante toda su vida útil, entre 2018 y 2025. Entre 2020 y 2025, Volvo Cars va a presentar cinco modelos totalmente eléctricos, siendo el primero de ellos el XC40 Recharge.

Los operadores de carga de vehículo eléctrico desplegarán 100.000 puntos de recarga en 4 años si se eliminan las trabas administrativas

puntos de recarga vehículo eléctrico_AEDIVE
  • Una ventanilla única para las Administraciones, homogeneidad en las tramitaciones de permisos y licencias, licitaciones de suelo público priorizando la calidad del proyecto, entre las medidas imprescindibles para lograr el objetivo

El objetivo de 100.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en cuatro años en España es factible, siempre y cuando se resuelvan las trabas administrativas que actualmente lastran la puesta en marcha de este tipo de infraestructuras y se intensifique la cuantía de incentivos para su desarrollo, en línea con lo que se hace en otros países europeos, según declara AEDIVE, Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, que representa los intereses de los operadores de recarga.

“El problema no radica en la industria ni en las empresas, que están motivadas y dispuestas, sino en las dificultades que tienen los operadores para poder instalar y operar los puntos de recarga y ese es un problema que parte principalmente de las Administraciones Públicas, que por otro lado son las que reclaman ese despliegue”, ha señalado Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE, quien añade que “el desarrollo de la movilidad eléctrica no se basa solo en las infraestructuras, sino también en la disponibilidad real de un portafolio amplio de modelos de vehículos eléctricos a precios asequibles y adaptados a todas las necesidades, algo en lo que también sigue trabajando la industria de automoción”.

Estos operadores, entre los que se encuentran las comercializadoras eléctricas, empresas energéticas y compañías especializadas en el despliegue de este tipo de infraestructuras, han participado en un grupo de trabajo en el marco de AEDIVE, donde se ha analizado la posibilidad de poder cumplir con el objetivo anunciado por el Gobierno, para lo cual se han analizado las instalaciones existentes y pendientes de los permisos que habiliten a su operación, como de los proyectos a futuro inmediato de despliegue de cada una de las empresas en los próximos cuatro años.

Barreras para el objetivo

Los operadores de carga en España se encuentran, principalmente, con dos barreras a la hora de desarrollar la infraestructura. Por una parte, los permisos que dependen de la Dirección General de Carreteras. Por otra, los permisos y criterios que rigen en cada ayuntamiento para el despliegue de puntos de carga.

En lo que atañe a la primera barrera, inicialmente se asimilaron los puntos de recarga para vehículo eléctrico a estaciones de servicio, con lo que los requisitos para su implantación son muy estrictos. Recientemente se ha hecho una modificación al respecto, suavizando algo los requerimientos pero, aun así, el trámite es complicado y dificulta muchas operaciones.

El plazo de tiempo que tarda este organismo en responder es también desorbitado, ya que puede alargarse hasta un máximo de seis meses y si en ese tiempo no hay respuesta, se entiende que el silencio es negativo, lo que implica volver a empezar y ello está retrasando significativamente todas las instalaciones en carretera. En carreteras autonómicas o provinciales hay que ajustarse a la normativa de cada administración y en algunos casos  el trámite es más sencillo.

Permisos y licencias

Los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, tiene normativas y/o criterios diversos a la hora de autorizar la instalación de puntos de recarga, lo que complica los procesos de tramitación, y en ocasiones los retrasan. Los permisos de obras para puntos de recarga pueden obtenerse de forma ágil o todo lo contrario, con grandes variaciones entre municipios y comunidades para solucionarlo, desde AEDIVE se proponen algunas medidas:

  • Que las instalaciones de recarga en suelo público se liciten de forma homogénea, priorizando la calidad y los aspectos técnicos del proyecto respecto al canon económico a pagar, con una duración del acuerdo a largo plazo y acceso público garantizado para cualquier usuario.
  • La validación de una declaración responsable frente a la cantidad de licencias municipales, del MITMA, de la Confederación Hidrográfica y otros instrumentos administrativos que dificultan la instalación y puesta en marcha de este tipo de infraestructuras.
  • Una ventanilla única para las administraciones, con el fin de resolver las dudas sobre permisos, concesiones demaniales, ayudas y trámites ya que a veces, los servicios técnicos municipales se ven desbordados por la tramitación, en general por desconocimiento, y tardan meses en contestar.
  • La declaración de interés estratégico nacional a las infraestructuras de más de 250 kW, que conlleva la reducción de los trámites administrativos que afectan a iniciativas de gran capacidad para generar innovación, empleo y sostenibilidad económica, social, territorial y medioambiental y que es un paso avanzado respecto a la declaración de utilidad pública de las infraestructuras, en base al Real Decreto-ley de medidas para impulsar las energías renovables y favorecer la reactivación económica, aprobada en junio de 2020 por el Consejo de Ministros.
  • Agilizar por parte del Ministerio de Industria la aprobación de proyectos eléctricos necesarios para acometidas de media tensión para desplegar infraestructuras de recarga, que actualmente implican tiempos de hasta 1 año.
  • Duplicar el periodo de las concesiones para Áreas de Servicio, que actualmente son de 5 años, con el fin de hacer rentable la inversión de los operadores en este plazo.

Reducción de costes de inversión y de explotación

La Circular 3/2020 de la CNMC ya estableció un peaje específico opcional para puntos de suministro dedicados en exclusividad a la recarga de vehículos eléctricos de acceso público, con menor peso del término fijo, pero:

Sigue pendiente el desarrollo de los cargos, para lo que AEDIVE solicita la eliminación de los cargos de la tarifa eléctrica

Por otro lado, las inversiones en infraestructura eléctrica para conectarse a la red que han de realizar los operadores de recarga en algunos emplazamientos pueden llegar a representar un porcentaje muy elevado de la inversión total, llegando a frenar el desarrollo de infraestructura de recarga, dada la baja utilización de la misma a día de hoy, por lo que se plantea desde la patronal de la movilidad eléctrica:

Establecer medidas para facilitar el régimen de acometidas para puntos de recarga de acceso público en suelo no urbanizado de manera similar a los que realiza en suelo urbanizado.

Asimismo, en el proceso de desarrollo e instalación de la infraestructura de recarga, desde AEDIVE se propone:

  • Aplicar un IVA reducido para la electricidad destinada a la recarga eléctrica en los puntos de acceso público, así como
  • Un incremento en el presupuesto del plan MOVES dedicado a infraestructuras de recarga y unificar los criterios de acceso entre las diferentes comunidades autónomas.
  • Facilitar líneas de crédito flexibles (tipo ICO) para la electrificación de flotas de empresa, e
  • Implantar un mercado o tasas de emisiones de la movilidad al igual que existen en otros países europeos, por el que los propietarios de infraestructura que promueven la energía verde en sus instalaciones puedan vender dichos derechos dentro de un mercado global de emisiones de movilidad o que en su defecto, exista un mercado de emisiones para aquellos operadores (no necesariamente propietarios de infraestructuras) que provean de certificados de origen renovable a la energía que consume un determinado vehículo.

Los siete pilares de la reconstrucción verde

vehículo eléctrico_renovables
  • La apuesta por las renovables, la movilidad eléctrica y la restauración de la naturaleza son algunas de las palancas de recuperación económica

Pero, ¿cómo puede ser que Alemania tenga más energía fotovoltaica que España?”, se desespera Domingo Jiménez Beltrán, exdirector de la Agencia Europea de Medio Ambiente, antes de calmarse: “El futuro está hecho a la medida de España. Nuestro potencial energético es enorme”, sentencia.

Uno de los cuatro grandes ejes del Plan de Recuperación de la economía española que impulsa el Gobierno para afrontar la crisis por la Covid-19 es la transición ecológica.

A este ámbito –la llamada reconstrucción verde– irá buena parte de los fondos de recuperación europeos, que permitirán a España obtener financiación por valor de hasta 140.000 millones (72.000 millones en forma de transferencias y el resto a través de préstamos).

Pero ¿qué sectores concretos deberían, o merecerían, recibir estas ayudas?

1. Reducir emisiones

Un sistema energético limpio

La previsión inicial del Gobierno pivota en gran parte sobre el Plan Nacional Integral de Energía y Clima (2021-2030), un documento estratégico que marca el camino para pasar de un sistema energético basado en los combustibles fósiles a otro que sea limpio (descarbonización).

Para el 2030, las emisiones de gases de la economía española deberán reducirse un 23% respecto a los niveles de 1990 y para el 2030 al menos el 70% del sistema eléctrico deberá ser de origen renovable.

Por eso el Plan de Recuperación anti Covid-19 prevé un “despliegue masivo del parque de generación de energía renovable”. Todo ello ha disparado una carrera de las grandes empresas eléctricas. Un ejemplo: Endesa ha presentado el Gobierno –para que este a su vez lo analice y lo envíe a Bruselas– un total de 110 proyectos con una inversión de 19.000 millones (215.000 empleos).

Pero muchos sectores recelan de la omnipresencia de las grandes eléctricas, ya que algunas de intentaron en su día bloquear ciertas renovables mientras ahora se vuelcan en ellas.

2. Renovables

Beneficios de la energía distribuida

Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, considera que se debe dar prioridad a los proyectos que “realmente contribuyan a la descarbonización y sean rentables, que puedan ser replicados con un efecto multiplicador, y que puedan reproducirse de manera automática”; es decir que los beneficios se distribuyan en el territorio.

Ferrando pide en la lista de proyectos elegibles “un apoyo generalizado” a las instalaciones de autoconsumo con fuentes renovables –“con una ventanilla de apoyo con criterios sencillos y transparentes”–, la rehabilitación energética de los edificios públicos o completar la electrificación del ferrocarril. Otra prioridad es “acercar las fábricas de palas eólicas –de 60 metros– a aquellos puertos que tienen capacidad para despacharlas y exportarlas”.

El Plan de Recuperación del Gobierno promete también impulsar el despliegue de las tecnologías de almacenamiento de la energía, la eólica marina y las comunidades energéticas.

“Cuanto más reduzcamos las emisiones más energía autóctona tendremos y más autosuficientes energéticamente seremos”, resalta Jiménez Beltrán, que pide más ambición climática (un recorte del 55% de los gases).

“Debemos sembrar de energía el territorio; generarla de manera distribuida en cualquier sitio. Energía distribuida y autopistas de la información nos permiten tener industria y pequeñas fábricas en la España vaciada, desalar agua en la costa, recursos alimentarios, ser autosuficientes…”, dice torrencial subrayando las posibilidades ilusionantes del plan.

3. El buen Gobierno

Participación pero de verdad

Las empresas presentarán sus proyectos al Gobierno y luego se decidirá sobre los que podrán acogerse a las ayudas europeas. En la selección de los proyectos elegibles, “se tienen que aplicar criterios que tengan en cuenta el componente de gran capacidad transformadora; y, en segundo lugar, se debe implicar a una amplia diversidad de actividades”, recalca Cristina Monge, asesora ejecutiva de Ecodes y profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza. Monge subraya que el plan sentará las bases del futuro.

Por eso, “es clave que se facilite no solo participación consultiva”, sino que se disponga de un foro de deliberación con los diversos sectores encargado de evaluar las prioridades y definir las líneas estratégicas. “La programación, el seguimiento y la evaluación deben estar en foros con todos los actores sociales porque de lo contrario, el protagonismo lo tendrán los de siempre”, concluye refiriéndose a las empresas más influyentes.

“Las grandes empresas eléctricas dicen que ya tienen los proyectos de reconstrucción hechos, pero no debemos tener un plan a su medida, sino a la medida que convenga al conjunto de la sociedad”, dice Jiménez Beltrán.

4. Vehículo eléctrico

Para desplegar infraestructuras

El objetivo de lograr una economía descarbonizada –que prescinda de los combustibles fósiles– debe incorporar incentivos a los coches eléctricos, las flotas y la movilidad eléctrica conectada y compartida.

Un problema es que, a diferencia de Francia o Alemania, los órganos de decisión sobre las fábricas españolas están radicadas fuera del país y sus tasas de exportación son del 80%. Así lo recuerda Arturo Pérez de Lucia, director gerente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica.

“Por eso –dice– hay que poner el acento en fortalecer a la industria para que pueda acometer con eficacia esa transformación hacia modelos electrificados”.

Se trata, añade, de que el mercado nacional sea atractivo “para que quienes toman las decisiones en la adjudicación de los nuevos modelos eléctricos opten por nuestras fábricas”. Los fondos europeos, añade, deben apoyar el despliegue de infraestructuras de recarga, necesarias para consolidar la movilidad eléctrica; pero a la vez se deben ir eliminando las barreras que hay a la hora de instalar y operar con este tipo de infraestructuras.

Para este especialista, se precisan cambios fiscales para hacer “las reformas estructurales que aceleren la transición de la movilidad eléctrica, que va a se más rápida de lo que se preveía”.

Domingo Jiménez Beltrán ve contradictorio el generoso plan de choque del gobierno en apoyo a la automoción convencional, que ha obtenido ayudas por valor de 400 millones de euros destinada a la compra de los vehículos de gasolina o diésel, frente a los 100 millones al eléctrico.

“Sería una contradicción kafkiana que fondos europeos se destinaran a repetir lo que está en el origen de la actual situación”, alerta en referencia a la automoción y al turismo tradicionales.

José López-Tafall, director general de Anfac, sostiene que los fondos del Plan de Recuperación “han de servir para mantener la potencia de la industria automovilística española e impulsarla para que sea un polo de atracción de nuevas adjudicaciones, tecnologías y modelos de futuro”.

“Hay que, estimular decididamente la electro-movilidad en España, mediante un plan MOVES con una dotación presupuestaria cuatro veces superior a la actual que priorice el fomento de la infraestructura de recarga y apoye la compra de vehículo eléctrico”.

López-Tafall también ve necesario mejorar las infraestructuras logística,necesaria para la actividad de exportación del sector de automoción. Igualmente, es “fundamental diseñar y disponer de herramientas eficientes” para la ejecución de estos planes. Se trata de revisar los instrumentos actuales para “hacer más atractiva la inversión de las grandes empresas en nuestra industria y aumente nuestra ventaja competitiva sobre los países de nuestro entorno”.

5. Rehabilitación de viviendas

Un ritmo 20 veces mayor

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por Pedro Sánchez plantea la rehabilitación de 500.000 viviendas en los tres próximos años. Nadie duda ya de que la rehabilitación de edificios contribuye a reducir el consumo de energía y a recortar las emisiones de gases invernadero.

Esta es a la vez la gran oportunidad de mejorar la accesibilidad y el confort interior de las viviendas. Pero, ¿no es demasiado optimista el plan?

En España se rehabilitan 25.000 viviendas al año, por lo que el plan de recuperación exigiría un ritmo rehabilitador 20 veces superior al actual y duplicaría la actual meta del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, cifrada en 120.000 viviendas rehabilitadas.

“Los procesos de rehabilitación alteran la vida de las personas, generan molestias e incertidumbre y, además, implican una importante inversión para las familias, inasumibles sin ayuda.

Por eso, las administraciones deben crear un entorno de confianza”, dice Juan Rubio del V al, director del Observatorio Ciudad 3R. Este experto avisa de que para dar ese gran salto se tienen que concretar objetivos a escala autonómica y local, sincronizarlos con las necesidades de recuperación urbana, y que el Estado ayude a los municipios a redactar sus estrategias y a dotarles de recursos para establecer oficinas de apoyo, aprovechando los buenos ejemplos de los planes de barrio de Catalunya, o en Navarra o País Vasco.

Antoni Ballabriga, director global de Negocio Responsable de BBVA, coincide en que algunas las áreas prioritarias en el ámbito de la recuperación verde deberían ser las ayudas directas a la rehabilitación de vivienda para mejorar su eficiencia energética.

“El parque de viviendas actual es muy ineficiente energéticamente. Supondría una importante contribución ambiental y una gran repercusión en el empleo en todas las localidades. También contribuiría a la reducción de la pobreza energética de las familias más vulnerables”, añade

6. Recuperar enclaves naturales

Duplicar las reservas marinas

España tiene 8.000 kilómetros de costa, pero si quiere recuperar un sector turístico, deberá poner el foco en lograr un medio costero y marino en excelente estado de conservación. Así lo cree Aniol Esteban, economista ambiental, biólogo marino, director de la Fundación Marilles.

“Los fondos europeos deben servir para regenerar y reforzar nuestro capital natural”, recalca. España debe impulsar las áreas marinas protegidas. Ahora un 13% de sus aguas marinas están bajo alguna figura de protección, pero los acuerdos internacionales obligan a elevar esa cifra hasta el 30% en el 2030.

“Las reservas marinas son un diamante en bruto; multiplican los recursos pesqueros y propician múltiples actividades relacionadas con las prácticas deportivas o el turismo de naturaleza”, destaca Esteban, partidario de fomentar planes de autogestión pesquera –como se promueve en Catalunya–, de manera que los pescadores ganen más pescando menos.

Otra asignatura pendiente es fomentar prácticas pesqueras menos dañinas, como sustituir, por ejemplo, las puertas de hierro de la pesca de arrastre, que erosionan los ricos fondos marinos.

La regeneración de los espacios degradados es un clamor en muchos casos; por ejemplo ante el agonizante Mar Menor, señalado como el buque insignia de lo que podría ser la verdadera señal de un cambio.

Son muchos los que apuestan por implantar soluciones basadas en la naturaleza –plantar bosques de ribera, regenerar humedales, restaurar hábitats–, para neutralizar la contaminación de origen agrícola.

Aniol Esteban propone también fomentar los planes de recuperación de especies (delfines, otros cetáceos, tiburones y rayas), indicadores de calidad ambiental, y organizar un ejército de educadores ambientales marinos. “Y esto no requiere subvenciones, sino empresas que generan rendimiento”, concluye

7. Manejo del agua

Playas cerradas, falta inversión en depuración

España no se puede permitir el lujo de tener playas cerradas por contaminación (media docena de puntos litorales lo estuvieron en el 2019 y otros 32 puntos de baño interiores (embalses, arroyos, gargantas…) presentaban una calidad deficiente. Las aguas fecales y el exceso de nutrientes de la agricultura que llegan al mar son un talón de aquiles para un país turístico. “Se necesita inversión en depuración de aguas”, dice Santiago Martín Barajas. El 80% de los caudales se depuran, y el 20%, no (9 millones de personas).

“Además, un tercio de la depuración es deficiente, especialmente la que se vierte al mar. Es una estafa que se cobre por una depuración que no se da”, clama Martín Barajas.

Este ingeniero agrónomo pide planes de recuperación de todos los tramos de los ríos y parar la expansión sin freno de los regadíos (“el sector más hostil al mantenimiento de la biodiversidad”), cuyos fertilizantes contaminan las masas de agua.

“¡Qué lejos queda aquello de estar paseando en el campo y decir: ‘para, para’ , que voy a beber de este manantial!”, exclama.

La UE condenó a España (con una multa millonaria y penalizaciones semestrales) por la insuficiente depuración de las aguas. .

Movilizar las inversiones privadas y transición justa

El 37% del paquete de recuperación de la UE tiene que ser invertido en proyectos vinculados a la economía verde. Pero esta inversión pública “deberá contar con una movilización de inversión privada, con lo que la cifra total podría llegar a multiplicarse hasta por 3 o por 4, un efecto multiplicador que también significa una oportunidad para el sector financiero”, señala Antoni Ballabriga, director global de Negocio Responsable de BBVA. Ballabriga es un convencido de que hay que “comenzar de inmediato para que los fondos lleguen lo antes posible” y teniendo en cuenta que “ es muy importante condicionar estas ayudas al cumplimiento de los ODS en el marco de la UE y a sus objetivos climáticos”.

Antoni Ballabriga (BBVA) destaca la conveniencia de apostar por la rehabilitación de viviendas pero destaca otros sectores a los que podrían destinarse prioritariamente estos fondos: “eficiencia energética en el sector empresarial, electrificación de la movilidad, inversión en hidrógeno renovable, conservación y restauración de ecosistemas, reutilización de agua regenerada en el sector agroalimentario y mejoras en las granjas del sector porcino para reducir la contaminación por nitratos y gases de efecto invernadero serían otros sectores de acción fundamentales en su opinión.

También serán necesarias “ayudas para una transición justa para acompañar a los más vulnerables“ o a los territorios afectados por todos estos cambios. “Un plan específico de capacitación o orientación ante las nuevas oportunidades de la economía verde puede ser clave para acompañar a las personas que hayan perdido su empleo”, opina Ballabriga.


FUENTE: La Vanguardia

Arturo Pérez de Lucia, nuevo vicepresidente de AVERE, la Asociación Europea de Electromovilidad

Arturo Pérez de Lucia_AVERE
  • Es también director general de AEDIVE, la Asociación Empresarial española para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica

El director general de AEDIVE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica en España, ha sido nombrado Vicepresidente de AVERE, la Asociación Europea de Electromovilidad, de la que la primera es miembro y representante para el mercado ibérico desde enero de 2016.

Creada en la década de los 70, AVERE es la asociación europea que promueve la electromovilidad y el transporte sostenible en toda Europa. Sus miembros están formados por asociaciones nacionales que apoyan y fomentan el uso de vehículos eléctricos en toda Europa,  con miembros activos en 17 países europeos (España, Noruega, Italia, Francia, Países Bajos, Bélgica, Croacia, Polonia, Rumanía, Escocia, Eslovaquia, Hungría, Grecia, Bulgaria, Finlandia, Ucrania y Turquía).

AVERE -cuya presidencia recae en Espen Hauge, quien a su vez es presidente de la Asociación Mundial de Vehículos Eléctricos (WEVA) y de la Asociación Noruega de Vehículos Eléctricos- es un actor reconocido en el debate y la evolución de las políticas de la UE relacionadas específicamente con la electromovilidad. Al mismo tiempo, sigue las conversaciones en curso en torno a la evolución de los sectores del medio ambiente y la energía de manera más amplia a nivel europeo.

“La voz de AVERE se escucha al más alto nivel del mundo de la formulación de políticas en Europa y es una entidad reconocida, por la red de expertos que engloba, en el asesoramiento a los órganos de la Administración pública para proporcionar una opinión informada y técnica sobre cuestiones políticas clave relacionadas con la electromovilidad en su concepción más amplia”, señala Pérez de Lucia, para quien “el momento actual es crítico a la hora de establecer políticas adecuadas que determinen el impulso en la descarbonización del transporte, “teniendo como eje al vehículo eléctrico, conectado, compartido y autónomo”.

Crecimiento verde: cómo afrontar la pospandemia

crecimiento verde y sostenibilidad
  • Durante el foro digital se puso sobre la mesa las claves, retos y perspectivas del crecimiento verde tras la crisis sanitaria del covid-19

La pandemia ocasionada por el coronavirus ha desencadenado la mayor recesión económica desde la Gran Depresión de 1929, tal y como advierte el Fondo Monetario Internacional. El impacto ocasionado por el covid-19 y la recesión de actividades tales como la industria, los transportes o la construcción, entre otras, provocará una bajada de emisiones de 2.000M de toneladas de CO2. Según un informe del Observatorio de la Sostenibilidad, se calcula una caída del 5% de los gases emitidos durante 2019.

La Unión Europea y los países desarrollados han lanzado planes de emergencia para sentar las bases de una pronta recuperación. La mejora se producirá por una mayor colaboración público-privada, donde las empresas con modelos de sostenibilidad basados en la lucha contra el cambio climático tendrán mayores ventajas frente a aquellas que no intenten buscar soluciones a la descarbonización. Las energías renovables, la movilidad eléctrica y las infraestructuras resilientes son algunas de las actividades esenciales que, si garantizan el cuidado del medio ambiente y aplican economías circulares en todos sus negocios, servirán de estímulo económico.

Para analizar todo ello, el jueves 15 de octubre a las 9:30 tuvo lugar el foro digital ‘Crecimiento verde. Cómo afrontar la pospandemia’, organizado por El Confidencial de la mano de Acciona. El encuentro permitió la participación de los lectores, que pudieron lanzar preguntas y seguirlo vía ‘streaming’ a través de esta misma noticia; y por redes sociales, bajo el ‘hashtag’ #ECFuturoVerde.

El evento contó con destacada presencia institucional. Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, fue la encargada de realizar la inauguración del foro; mientras que Clara de la Torre, directora general adjunta de Acción por el Clima de la Comisión Europea, hizo la clausura del mismo. Pulse aquí para ver la agenda completa.