AEDIVE remitió una carta al concejal valenciano de Movilidad, Giuseppe Grezzi, para buscar alternativas
La ciudad de Valencia precisa de una regulación específica, transparente y concreta para que los operadores de servicios de movilidad compartida con motocicletas eléctricas puedan desarrollar su actividad con certidumbre regulatoria y concretar los beneficios que aporta este servicio al entorno urbano, al ciudadano, a la descongestión del tráfico y a la calidad del aire.
Así se ha dirigido AEDIVE, Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica en España y Portugal, en representación de sus socios de motosharing, a Giuseppe Grezzi, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia, en respuesta a una notificación, sin previo aviso, que el ayuntamiento de Valencia les envió recientemente, indicando que limitaba a 133 el número máximo de autorizaciones por empresa para la ocupación temporal del dominio público para la prestación de un servicio de alquiler de motocicletas eléctricas compartidas.
Esta notificación comprometería seriamente la capacidad de las empresas para seguir operando en la ciudad y supone una radical limitación de la capacidad de actuar de los operadores, de dudoso encaje con la normativa española, de libre prestación de servicios.
Los vehículos eléctricos compartidos introducen la modalidad de «pago por uso», lo que a su vez constituye una limitación natural de su uso, y una sustitución de la movilidad en vehículo privado por una combinación de uso de transporte público más vehículo compartido, cuando realmente se necesita, por lo que los vehículos compartidos son un catalizador de cambio de hábitos en la movilidad urbana hacia la descarbonización y la mejora de la circulación, señala la misiva.
La Asociación ha trasladado a Grezzi que servicios como el motosharing eléctrico favorecen el derecho a la movilidad, al transporte público, de aquellas personas que no disponen de vehículo privado y que una gestión eficiente de estos servicios permite mejorar la eficiencia en el uso del dominio público, en comparación con el vehículo privado.
Por lo tanto, “un marco regulatorio estable ayudaría a una equilibrada electrificación de la movilidad en los entornos urbanos, ayudando de esta manera a la consecución de lo exigido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética 7/2021, del 20 de mayo de 2021, donde los municipios con poblaciones superiores a los 50.000 habitantes tienen la obligación legal de fomentar la movilidad eléctrica compartida”, destaca la carta remitida al Ayuntamiento valenciano.
Concretamente, el parón de la actividad ha provocado que se matriculen en un mes lo que antes se matriculaba en un solo día, de manera que las ventas de eléctricos puros de todo tipo en abril se saldaron con una caída del 72,1% y un volumen cercano a las 414 unidades, de las que apenas un 20,7% corresponden a turismos (86 unidades, lo que supone un descenso del 86,3%).
