Artículo de Opinión de Arturo Pérez de Lucia para El Independiente
Los anuncios en política precisan de una adecuada gestión del tiempo para no provocar decepción, confusión y malestar por las expectativas generadas, más aún si se hacen en el ámbito de las redes sociales. El ministro de Energía, Álvaro Nadal anunció el pasado 31 de enero la propuesta de desregular completamente la figura del gestor de cargas para que cualquier consumidor pueda ejercer esta actividad en la apuesta firme y decidida del Gobierno por el vehículo eléctrico y la movilidad eficiente.
El sector de la movilidad eléctrica lleva padeciendo desde hace siete años la publicación del Real Decreto 647/2011 que define la figura del Gestor de Carga, única en el mundo y que se entiende que se elaboró para promover los puntos de carga públicos para vehículos eléctricos, pero que en la realidad no ha hecho otra cosa que paralizar el mercado cuando, además, España es el único país en el mundo que ha tenido esta singular ocurrencia.
Desde entonces, el sector lleva reclamando al Gobierno una redefinición de la figura del gestor de carga y la relajación de sus exigencias para permitir que esa infraestructura necesaria pueda desarrollarse con la misma eficiencia con la que se está desarrollando en otros países europeos.
Y es que una de las barreras de la movilidad eléctrica es la necesidad de disponer de más puntos de carga pública de oportunidad y rápida que eliminen esa sensación de “ansiedad de autonomía” entre los potenciales compradores de vehículos eléctricos y de paso, también entre los que ya somos usuarios habituales.
Una de las barreras de la movilidad eléctrica es la necesidad de disponer de más puntos de carga pública
Los continuos reclamos realizados estos años atrás para reordenar el Real Decreto 647/2011 dieron sus frutos, dado que el Gobierno comenzó en 2017 a trabajar en la relajación de la figura del gestor de carga, ante la evidencia de que muchos proyectos para desplegar puntos de recarga públicos se habían ido al traste. Conseguir que la Administración “admita” de algún modo que con este real decreto se dio un paso en la dirección contraria es un paso de gigante en un país donde antes de asumir un error, se prefiere mirar hacia otro lado.
Y es que los reales decretos sirven, entre otras cosas, para corregir las perversiones de un mercado, pero en el caso del RD 647/2011, el mercado aún no se había activado con la necesaria solvencia como para saber hacia dónde iba a dirigirse y qué mecanismos de control iba a necesitar para no viciarse. Ponerle puertas al campo es lo que tiene.
Cuando ya la cosa estaba encauzada e incluso, desde el Ministerio de Energía se había anunciado un texto que relajaría la figura del Gestor de Carga y que se publicaría de forma simultánea con las ayudas del MOVALT a la compra de vehículos eléctricos e infraestructura de recarga, el anuncio del ministro Nadal dejó paralizado este trabajo de campo.
Necesitamos del Ministro Nadal que se pase del dicho al hecho o que se clarifique qué decisión va a tomar
Nada que objetar, pues a estas alturas, pocos o casi ninguno de los actores involucrados en este mercado consideran que el RD 647/2011 resuelva en realidad, o tal y como está redactado, las necesidades del despliegue de la infraestructura de recarga pública. De hecho, ya son miles las instalaciones que se han construido al margen de esta regulación, pues si algo tienen los reales decretos es que no son capaces de dar respuesta a todos los supuestos que se puedan producir, y uno de los principales era, en este caso, qué sucedía cuando no se facturaba el kilovatio/hora para la recarga del vehículo eléctrico.
Algunos promotores del 647/2011 defienden la figura del gestor de carga aunque no se facture el kilovatio hora, lo que supone que cualquier instalación de puntos de carga tiene que estar sometido a este real decreto y que incluso -este es el absurdo más grande-, si alguien tiene un punto de carga en su parking y le visita algún familiar con coche eléctrico, se supone un delito permitirle que recargue con él su vehículo.
Aeropuertos, hoteles, centros comerciales, restaurantes, y así un largo etcétera, ponen cada día a disposición de los usuarios todo un despliegue de enchufes para que puedan recargar sus móviles, ordenadores portátiles y cualquier otro aparato electrónico. Nadie diría, incluso aceptaría, que eso es un delito o que es punible.
Pero lo cierto es que, desde el anuncio del ministro a finales de enero hasta el día de hoy, ni se ha relajado la figura del gestor de carga ni se ha derogado, lo que nos lleva al mismo punto de origen, que no es otra cosa que un mar de incertidumbres y una tensa espera hasta ver qué sucede al respecto.
Necesitamos del ministro Nadal que se pase del dicho al hecho o que al menos se clarifique qué decisión se va a tomar (si derogación o si reforma) y cuándo se hará efectiva.
