Por Arturo Pérez de Lucia, director general de AEDIVE para el Anuario 2020 de Energías Renovables
El 2020 es un año de sombras y luces marcado por la incertidumbre y pese a ello, la movilidad eléctrica sigue creciendo en un ecosistema muy afectado por el confinamiento, los ERTEs y el parón de la actividad y e inversiones por el COVID-19. Pero es un episodio puntual, no estructural como lo fue la crisis económica en España entre 2008 y 2014, y el objetivo es conseguir una recuperación lo más rápida posible y con las menores secuelas.
La matriculación de eléctricos en Europa crece en 2020 en torno a un 60%, en un ecosistema de fuerte caída en la automoción tradicional (hasta octubre se matricularon 8 millones de turismos, unos 3 millones menos que el mismo periodo de 2019). La entrada del WLTP, el objetivo de los 95gCO2/km y una concienciación hacia la reducción de emisiones agudizada por los efectos del COVID-19, han incrementado la demanda de vehículos eléctricos.
En España, las matriculaciones de vehículo eléctrico evidencian que, aunque lejos de los objetivos previstos en 2019 para este año, el crecimiento en ventas, a falta del dato de diciembre, es del 35,4%.
Nuestro país afronta retos singulares frente a otros mercados europeos sin industria automotriz, al ser el noveno fabricante mundial, segundo de Europa, suponer su actividad el 8,5% del PIB y emplear al 9% de la población activa, según datos de ANFAC.
Sin embargo, exportamos el 80% de la producción a países que prohibirán la compra de vehículos térmicos, como Reino Unido en 2030, fecha que también baraja Alemania, y Francia, que lo tiene previsto para 2040, al igual que España. Además, la práctica totalidad de las fábricas españolas tienen sus centros de decisión fuera, lo que nos lleva a tratar de hacer del nuestro un país atractivo a nuevos modelos electrificados y ello implica desarrollar un ecosistema favorable a la movilidad eléctrica desde la perspectiva industrial, tecnológica, de servicios y de mercado.
Retos y oportunidades de la movilidad eléctrica en España
Noticias importantes han sido el Plan de Impulso a la Cadena de Valor de la Industria de la Automoción, anunciado en junio de este año, con 3.750 millones de euros y medidas de tipo económico, fiscal, normativo, logístico, de competitividad, de formación y cualificación profesional, de compra pública sostenible y de planificación estratégica de impacto a corto y medio plazo que dan cobertura a toda la cadena de valor de la industria, promoviendo una movilidad segura y sostenible basada en la descarbonización y la transformación digital.
La puesta en marcha del MOVES 2 para promover la compra de vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga prevé que cada millón de euros genere entre 3,6 y 4,1 millones de euros adicionales al PIB nacional e incremente los ingresos fiscales entre 1,5 y 1,6 millones de euros. Este programa, dotado con 100 millones de euros, no está, sin embargo, activado en Extremadura y Murcia, al cierre de este artículo y en cualquier caso, fuera de un plazo que expiraba el 18 de septiembre. Será necesario darle una vuelta a este instrumento de ayudas, que simplifique su gestión y elimine estos desequilibrios a nivel territorial.
El plan RENOVE, con 250 millones de euros a la renovación del parque rodado, también con vehículos eléctricos, movilizó hasta finales de noviembre una décima parte del presupuesto con 20.500 vehículos.
El anuncio a principios de noviembre de 1.100 millones de euros de línea de ayudas para la movilidad eléctrica en 2021, dentro del plan de recuperación a la Unión Europea y si lo aprueba Bruselas, ha insuflado optimismo al sector a falta de conocer detalles de cómo se distribuirá ese monto.
También se ha reforzado el incremento de la reducción por innovación hasta el 50% para pymes y el 15% para grandes empresas, y flexibilizado la amortización fiscal en inversiones de movilidad eléctrica, sostenible y conectada, hasta el 29 de junio del 2021.
Y entre tanto, hay medidas regulatorias como el RDL 23/2020, de 23 de junio, que prevé que las entidades locales puedan destinar en 2020 parte de su superávit a financiar inversión en vehículos eléctricos y declara de utilidad pública a las infraestructuras de recarga de alta capacidad; o la circular 3/2020 de la CNMC, que establecerá a partir de 2021 la metodología de cálculo de peajes de transporte y distribución de electricidad y un peaje especial más barato para los puntos de recarga pública.
En la misma línea, la modificación del Código Técnico de la Edificación, en periodo de consultas, incluye una nueva exigencia básica relativa a las dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en edificios.
Quedan retos importantes en los que avanzar desde la automoción, que precisa de una oferta más amplia en el portafolio de vehículos eléctricos y en todos los segmentos, disponibles a corto plazo y con mayores autonomías, a precios competitivos frente a los térmicos, con un valor residual razonable y con capacidades de carga de al menos 100 kW. En ello están trabajando intensamente fabricantes y distribuidores.
Asimismo, un desarrollo acelerado de la red de carga pública que, aunque avanza sin pausa, sufre retrasos ligados a las licencias y trámites con las diferentes administraciones públicas. También trabajamos desde AEDIVE con el sector público para derribar esta barrera.
Se espera que 2020 sume cerca de 3 millones de matriculaciones de BEV y PHEV en todo el mundo, si el COVID-19 lo permite, lo que significa que el número global de vehículos eléctricos rondará los 11 millones de unidades cero emisiones matriculadas.
Esperamos que el 2021 nos depare más luces que sombras en el camino ya trazado e imparable hacia la movilidad eléctrica.
