Por Arturo Pérez de Lucia, Director Gerente de AEDIVE, para Cinco Días
La movilidad de eléctrica está creciendo de forma exponencial en el mundo y la región de América Latina y el Caribe no es ajena a este desarrollo. Prueba de ello es la reciente celebración en Ciudad de México de la Latam Mobility Summit 2019, un encuentro que durante dos días reunió a expertos de diferentes países, que aportaron su conocimiento respecto a un mercado incipiente todavía, pero con una proyección de futuro espectacular, que ya se está empezando a hacer visible en la región más urbanizada del mundo, según la ONU-Hábitat, y cuya tasa de población urbana se espera que alcance el 89% en 2050.
Cierto es que, en esta fase inicial, el mercado en la región es todavía es pequeño. La flota de vehículos eléctricos enchufables de la mayoría de los países latinoamericanos no alcanza los cuatro dígitos, pero el encuentro profesional puso de relieve el enorme potencial de desarrollo y la capacidad de los diferentes gobiernos para asumir de forma coordinada proyectos de Estado que impulsen una transformación que no solo pretende actuar sobre los efectos nocivos del cambio climático, fruto de las emisiones del transporte rodado, sino también sobre las oportunidades de desarrollo industrial, tecnológico, empresarial, laboral y de servicios asociados a una nueva movilidad urbana electrificada.
Curiosamente, quienes allí acudimos para aleccionar y trasladar las experiencias y buenas prácticas de regiones como Europa, donde la movilidad eléctrica tiene un desarrollo comparativamente mayor y cuantitativamente más avanzado, nos convertimos a su vez en alumnos de cómo afrontar un desafío que exige no solo altura de miras para solucionar los graves problemas para la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, sino también la generosidad y la visión de Estado por parte de los gobiernos a la hora de convertir los retos en oportunidades y hacerlo de forma coordinada y en colaboración con todos los agentes involucrados, eliminando de la ecuación las diferencias políticas o la politización de las decisiones a adoptar, más allá de proyectos programáticos sujetos a la arbitrariedad de los comicios generales en cada país.
A nivel nacional, los gobiernos de cada país trabajan para establecer programas que ofrezcan incentivos, infraestructura y cambios culturales, para ayudar a reducir el precio inicial de los vehículos eléctricos, acelerando a su vez el despliegue de la infraestructura de carga, y abordando la resistencia cultural al cambio para adoptar nuevas tecnologías en un sector que se ha mantenido fiel a la combustión a lo largo del siglo XX.
Así sucede en países como Chile, que pretende liderar en Latinoamérica esa transformación hacia las cero emisiones y cuya Estrategia Nacional de Electromovilidad, impulsada por el Ministro de Energía del anterior Ejecutivo, Andrés Rebolledo, se enfoca a que el 40% de los vehículos particulares y el 100% de los vehículos de transporte público sean eléctricos al 2050 y para lo que las ministras de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y de Energía, Susana Jiménez, del actual Gobierno, han promovido la firma de un acuerdo público-privado para impulsar también el desarrollo de proyectos de investigación y de capital humano en torno a un mercado que consideran estratégico para el país.
A nivel regional se aboga por la colaboración entre los diferentes gobiernos para aprender unos de otros y garantizar que las lecciones de los países más avanzados de la región sean bien difundidas para lograr de ese modo que las administraciones, el sector privado y los usuarios tengan una interlocución y un intercambio de conocimiento que ayude a evitar errores que pueden ser costosos e innecesarios.
En el marco de la XXI Reunión del Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe, llevada a cabo en octubre del 2018 en Buenos Aires, Argentina, se presentó el Diálogo de Movilidad Eléctrica, promovido por Costa Rica y Argentina y apoyado por Barbados, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, México, Santa Lucía y Uruguay, donde la incorporación masiva de autobuses eléctricos en el transporte público (200 unidades rodando ya en Chile), la transformación de flotas de taxis eléctricos (Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y México), la instalación de corredores interprovinciales de recarga rápida (Uruguay, México y Brasil) o el desarrollo de leyes para la promoción y el incentivo del transporte eléctrico (Costa Rica) han sido hitos puestos en valor como parte de la estrategia regional.
En el impulso de la movilidad eléctrica, Latinoamérica y el Caribe parecen haber encontrado como región un mercado que ofrece intereses comunes para cada país involucrado y planteamientos innovadores para modernizar y descarbonizar el transporte público y privado con altos beneficios para la calidad de vida de sus habitantes.
El exmandatario mexicano Felipe Calderon y actual presidente de la comisión de sostenibilidad y medio ambiente de la FIA, lo resumió muy bien al dirigirse durante su intervención en el panel de Smart Cities de la Latam Mobility a los emprendedores mexicanos, a quienes aconsejó que aprovechen la ola de responsabilidad ambiental y urbana que abanderan las nuevas generaciones para ejercer la fuerza de opinión pública y mover voluntades políticas en favor de la descarbonización del transporte.
De regreso al viejo continente, uno redescubre que, pese a que en Bruselas se trabaja por acompasar objetivos a nivel regional, cada país europeo interpreta de forma independiente y con diferente ambición cómo alcanzar sus objetivos en la descarbonización del transporte, sin que parece que haya sinergias tan siquiera a escala local.
En España, la sensación es también de desencuentro, no ya solo entre la clase política, pues parece que la descarbonización del transporte y la movilidad eléctrica se asocien a estrategias ideológicas, sino también entre la política y la propia industria, con un desacoplamiento total, además, con la sociedad civil.
Debemos asumir el compromiso de la descarbonización del transporte, de los objetivos de la Comisión Europa a 2050 y del Acuerdo de París como una cuestión de Estado, puesto que su consecución está muy por encima de gobiernos e ideologías. No es una estrategia política. Es una prioridad para promover acuerdos y marcos normativos de movilidad eléctrica, el desarrollo de instrumentos financieros y nuevos modelos de negocios, la creación de capacidades y el intercambio de conocimiento, la colaboración en proyectos piloto, así como la exploración de sinergias y oportunidades con otros campos del saber, con énfasis en la innovación y la creación de nuevos puestos de trabajo.
La movilidad eléctrica no es una amenaza, ni debe entenderse como tal. Es un proceso evolutivo en un momento crucial que forma parte de una revolución industrial, tecnológica y de servicios en la movilidad que de no asumirse por unos, será liderada por otros.
Latinoamérica y El Caribe así lo han entendido y otras regiones del mundo como Asia, Oriente Medio y América del Norte (por primera vez, el Tesla Model S ha superado a las berlinas premium de las marcas de lujo BMW, Mercedes-Benz y Audi en ventas europeas), ya están preparándose para asumir ese liderazgo.
