El usuario ha de estar en el centro de las políticas relacionadas con el despliegue de la infraestructura de recarga pública de vehículos eléctricos. No obstante, aún quedan algunos retos por abordar como aumentar el parque de vehículos, así como las tramitaciones y los hábitos de uso del usuario. Estas han sido las principales conclusiones a las que han llegado los ponentes que han participado en la jornada empresarial Redes de recarga para la movilidad eléctrica, organizado por elEconomista.es y que ha contado con la colaboración de Acciona.
Lo cierto es que dicho despliegue se produce a velocidades que no concuerdan con el resto de los países europeos. Para el gerente de desarrollo de Negocio de B2B en Acciona, Juan José Conde, «lo cierto es que nos pusimos unos objetivos que igual no eran muy realistas. Lo positivo es que ya somos conscientes de que el contexto en el que vivimos es disruptivo. Está claro que el despliegue de la infraestructura implica la alineación de agentes, de la administración pública, agentes proveedores de la energía y de una planificación».
Para la jefa del departamento de Movilidad Sostenible del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Isabel del Olmo, «estamos hablando de una estrategia de país, a nivel europea e internacional«. En su opinión, «quedan muchos retos por abordar y tengo la visión de que la hoja de ruta está clara». Asimismo, del Olmo ha destacado que hay otros «retos como simplificar las tramitaciones y conocer los hábitos del usuario». Del Olmo también puso de manifiesto la puesta en marcha del Grupo de Gobernanza para el seguimiento del despliegue de Infraestructura del Vehículo Eléctrico (Gtirve), el cual permitió la modificación de los gastos de gestión de las comunidades autónomas «porque todos sabemos que una de las quejas está en los plazos en los que se reciben los pagos de las ayudas».
En la misma línea se ha pronunciado la subdirectora general de Planificación y Explotación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Rosalía Bravo, quien ha comentado que desde el Ministerio «debemos estar orientados al usuario y trabajar en comunicar eficazmente. En ese sentido, en la administración tenemos una asignatura pendiente que es comunicar eficazmente lo que hacemos, como, por ejemplo, evitar cargar administrativas que no aporten nada».
Arturo Pérez de Lucía, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), ha recordado que «España cuenta con más de 27.000 puntos de recarga públicos instalados. ¿Son suficientes? Sí para el parque que tenemos. Hay un despliegue de infraestructuras que permite viajar sin problemas; eso sí, teniendo el vehículo adecuado. ¿Debemos de incrementarlo? Por supuesto, sobre todo, por el parque previsible que va a venir».
La directora de Empresas por la Movilidad Sostenible, May López, ha hecho hincapié en que «no hay que olvidar que hay 7.000 puntos de recarga instalados que aún no están operativos. Son inversiones de empresas privadas y hay que ser conscientes de que es fácil pasar la responsabilidad a la administración». Por este motivo, López ha insistido en «poner al usuario en el centro, ya que la infraestructura de recarga se pone en el mercado para que el usuario la utilice». Así, López ha demandado que «la forma de pago sea fácil, así como que los precios sean públicos y accesibles. De esta manera, también generaríamos una competencia para que fuesen más baratos».
FUENTE: El Economista
