AEDIVE presentó su primer Anuario de la Movilidad Eléctrica 2022-2023, con los hitos del año pasado y los retos del futuro

Anuario de la
Movilidad Eléctrica 2022-2023
  • El 38% de las IRVEs públicas operativas en España se instalaron en 2022 y podría haber sido el 54% sin las barreras administrativas

  • En España se habían matriculado 325.675 vehículos eléctricos de toda tipología a 31 diciembre 2022 (datos desde 2009)

  • La media de uso de las IRVEs públicas fue de un 4,2% en 2022

  • En 2022 se vendieron 15.114 vehículos eléctricos VO y km 0 con una media de antigüedad de 3 años

  • El 31% de los BEV+PHEV matriculados en España se compraron en 2022

  • El 8% de los BEV+PHEV matriculados en España (coches y motos) hasta 2022 se usan en servicios de movilidad compartida

  • Los fabricantes españoles de puntos de carga facturaron 300 millones de euros en 2022 y exportaron el 87%

AEDIVE ha presentado en el salón de actos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico su Anuario de la Movilidad Eléctrica 2022-2023, que resume los hitos de este mercado durante el año pasado y plantea los retos de cara a 2023 y años sucesivos, donde la asociación irá midiendo la evolución del sector en España.

Para la elaboración del Anuario, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica en España y Portugal ha contado con la colaboración del ecosistema industrial, tecnológico y de servicios del sector, con el que ha trabajado durante los cinco últimos meses recopilando datos y manteniendo reuniones con los actores de las diferentes áreas de actividad, a fin de obtener la información más precisa.

El 38% de las IRVEs públicas operativas en España se instalaron en 2022

Uno de los datos más relevantes es el de las infraestructuras de recarga (IRVEs) públicas, de las que hasta ahora no se tenían datos fiables ni oficiales y que ha supuesto el mayor reto para la asociación, que cuenta en su ecosistema con los Operadores de Recarga (CPOs), a los que coordina para obtener la información que prepara el Gobierno a través de la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles del MITECO para lanzar el Mapa de puntos de recarga en España.

Así, el año 2022 cerró con 21.573 puntos de recarga públicos operativos en territorio español, de los que el 65% son de una potencia de 22 kW en adelante y de estos, el 30% son rápidos y de alta potencia hasta 400 kW, lo que desdice las opiniones que señalan que la mayoría de los puntos de carga en España son de baja potencia.

El Anuario destaca que solo en 2022 se instalaron 8.200 puntos de recarga nuevos, que suponen el 38% de las IRVEs públicas operativas en España. Además, se instalaron otras 7.400 IRVEs públicas que no pudieron ponerse en marcha y que, de no haber tenido los problemas existentes en nuestro país en materia de concesión de licencias y permisos por parte de las administraciones públicas y de la gestión con las compañías distribuidoras, habrían incrementado ese porcentaje al 54%.

Otros datos destacados de las IRVE´s públicas son la media de uso en 2022, que fue de un 4,2%, y el consumo energético de estas infraestructuras, que sumó 176 GWh en global y una media de 10.000 kWh por punto de carga.

Más de 325.000 vehículos eléctricos matriculados de toda tipología a 31 diciembre 2022

El 2022 cerró con un total de 325.675 vehículos eléctricos matriculados de toda tipología, lo que implica que ya se han sobrepasado los objetivos de matriculaciones de vehículos eléctricos previsto por el Gobierno para 2023, que es de 250.000 unidades.

Para estos datos, el Anuario recoge la información de matriculaciones desde el 2009, año de referencia para la movilidad eléctrica al ser cuando se presentó el proyecto MOVELE, piloto de demostración de viabilidad del vehículo eléctrico integrado en el Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011 y que fue gestionado y coordinado desde el IDEA para introducir dentro de entornos urbanos 2.000 vehículos eléctricos de diversas categorías, prestaciones y tecnologías, en un amplio colectivo de empresas, instituciones y particulares, así como la instalación de, al menos, 500 puntos de recarga para estos vehículos.

Un análisis detallado de la matriculación de vehículos eléctricos y de instalación de puntos de recarga públicos en 2022 evidencia que el porcentaje de IRVEs instaladas fue mayor (38%) que las ventas de vehículos eléctricos (31%).

Asimismo, en 2022 se vendieron 15.114 vehículos eléctricos de ocasión y km 0 con una media de antigüedad de 2,78 años, siendo los vehículos con un año los que mayor porcentaje de ventas tuvieron, con un 27% y congregando el mayor volumen de ventas, por encima de las mil unidades, los de antigüedad de 1 a 5 años.

Por otro lado, el 8% de los BEV+PHEV matriculados en España (coches y motos) hasta 2022 se emplean en servicios de movilidad compartida, en especial en el motosharing, lo que da cuenta del interés creciente por este tipo de servicios.

Los fabricantes españoles de IRVEs facturaron 300 millones de euros en 2022

Uno de los sectores más destacados del informe es el de los fabricantes nacionales de puntos de recarga, una industria floreciente que facturó en 2022 la cantidad de 300 millones de euros y exportó el 87% de su producción.

En el Anuario se destaca el reclamo de estas empresas para que las administraciones pongan en valor en los concursos públicos españoles a una industria nacional que no solo cuenta con una reputación importante en mercados foráneos, sino también con sus órganos de decisión en España y que dedica una media del 25% de su facturación a I+D, lo que da cuenta de su compromiso con la innovación.

La voz del usuario del vehículo eléctrico

Uno de los apartados más representativos del Anuario es la voz del usuario, representada por la colaboración que AEDIVE mantiene con AUVE, la asociación de usuarios de la movilidad eléctrica y con la que ha colaborado para hacer llegar a sus más de 6.000 socios un cuestionario para conocer la opinión de quienes tienen la experiencia de utilización de estos vehículos y sus servicios.

Los resultados de la encuesta arrojan conclusiones como que el 86% de los encuestados tiene su punto de carga vinculado en el hogar o lugar de trabajo y el 92% no ha tenido nunca problemas con la batería del vehículo.

Asimismo, un 83% de los usuarios considera que los concesionarios no están preparados para la venta de vehículos eléctricos y que la mayor dificultad a la hora de comprarlos es el precio de venta frente a la infraestructura de recarga.

Un 63% de los usuarios considera que las ayudas del MOVES son adecuadas para incentivar la compra de vehículos eléctricos, aunque “mejorables”, destacando la necesidad de que dicha ayuda se perciba de forma inmediata en la compra.

Un 58% de los usuarios no tuvo problemas con la tramitación de las ayudas del MOVES, aunque de éste, un 37% no las gestionó directamente, sino a través de concesionarios o las empresas de renting. Por otro lado, a un 42% no les resultó sencilla la tramitación.

Destacable es también la preferencia por el despliegue de puntos de recarga de alta potencia en itinerancia y la idea por parte de un 85% de usuarios de que hoy en día sí se puede viajar por España en vehículo eléctrico, si bien un 37% señala que hay Comunidades Autónomas por las que no resulta sencillo todavía.

Mensajes de AEDIVE en la Presentación

El director general de AEDIVE, Arturo Pérez de Lucia, destacó durante la presentación del Anuario la importancia de que se impulse a un sector como el de la movilidad eléctrica, habida cuenta de que “el vehículo eléctrico no es solo movilidad sostenible, sino también eficiencia energética para el impulso de las energías renovables, la generación distribuida y el almacenamiento energético, en un mundo que cada vez reclama más servicios basados en la electricidad y con una realidad geopolítica que nos obliga a ser más autosuficientes respecto a la compra de combustibles fósiles a terceros países.

Asimismo, puso énfasis en la necesidad de promover reformas fiscales que den señales claras al usuario en la compra de los vehículos eléctricos, porque “estamos muy lejos del objetivo a 2030 de 5 millones de vehículos eléctricos y no podemos bajar la guardia si queremos que el sector de la automoción en España se mantenga fuerte y que alcancemos los objetivos de descarbonización en el transporte establecidos en el PENIEC”.

Del mismo modo, felicitó a la Secretaría de Estado de Energía por la labor realizada en torno al grupo de trabajo de infraestructuras de recarga GTIRVE para resolver los problemas derivados de la instalación y operación de este tipo de equipos por parte de los CPOs, pero instó a tratar de acelerar la eliminación de barreras, dada la previsión de crecimiento en ventas de vehículos eléctricos en los próximos años.

En lo que atañe a los servicios de movilidad compartida, aludió a la necesidad de impulsar una homologación regulatoria a nivel de ayuntamientos y a la colaboración público-privada para que las decisiones que se tomen en la administración pública estén armonizadas con las capacidades de las empresas operadoras y no haya concursos públicos incoherentes o mal diseñados que acaben suponiendo el fracaso del servicio porque no se ha contemplado la viabilidad y necesidades de las empresas que los prestan.

El objetivo del Anuario es hacer una radiografía del sector cada año para ver cómo evolucionan los diferentes eslabones de la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios de la movilidad eléctrica en España.

La solución no pasa por prohibir ni vetar los patinetes eléctricos compartidos, sino hacer concursos públicos coherentes 

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Los servicios de movilidad compartida, bien gestionados, son seguros frente al uso de patinetes particulares

 

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, AEDIVE, ha denunciado la demonización que se está haciendo de los servicios de movilidad compartida con patinetes eléctricos por la información sesgada que se hace sobre los mismos frente al uso de patinetes privados y la mala praxis de ayuntamientos que celebran concursos públicos que solo buscan ingresos y no la calidad del servicio.

Ahora que disfrutamos de la Semana Santa, se viene a la cabeza la representación de la primera estación del Via crucis, en la que Poncio Pilato se lavaba las manos y con ese gesto sellaba la condena a muerte de Jesús: “Inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis” (Mateo 27:24).

Y no hay mejor ejemplo para definir lo que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha hecho con los servicios compartidos de patinetes eléctricos en la Ciudad de la Luz, al haberse lavado las manos y dejar que menos de un 10% de los 1,3 millones de ciudadanos llamados a votar básicamente los residentes en los barrios metropolitanos, que además no usan el servicio- decida su continuidad, mientras que los de los ciudadanos de los suburbios, que representan el 75% de los usuarios no turistas de patinete eléctrico compartido, no han podido pronunciarse al respecto.

Lo sorprendente es que dicho sufragio estaba solo dirigido a los servicios de movilidad compartida y no al uso de patinetes privados, lo cual es un sinsentido por cuanto los primeros mantienen los patinetes en condiciones óptimas de servicio mediante revisiones periódicas y disponen de herramientas online que permiten una gestión eficiente y controlada de los vehículos, incluso de sus velocidades en función del volumen de peatones, garantizando la seguridad del usuario -que además está debidamente identificado- y del entorno, mientras que los segundos no.

Así, la seguridad vial ha sido otro de los argumentos esgrimidos para demonizar a los servicios de movilidad compartida con patinetes, pero lo cierto es que las cifras de siniestralidad que se han utilizado no han tenido en cuenta que la inmensa mayoría de los accidentes han sido producidos por vehículos particulares y ningún fallecimiento se ha debido a la acción de vehículos de servicios compartidos.

El de París es un ejemplo más de las muchas administraciones públicas que no parecen entender que, bien gestionada, la micromovilidad compartida con patinetes eléctricos aporta un valor añadido a la movilidad urbana, aumentando las opciones para el desplazamiento de personas en las ciudades, promoviendo el uso del transporte público y reforzando la apuesta por la reducción de emisiones y descongestión del tráfico.

Salvo algunas excepciones, la mayoría de los ayuntamientos tratan la movilidad compartida con patinetes eléctricos como una fuente de ingresos “que no moleste”, más que como una solución de movilidad sostenible que facilita la vida a muchos ciudadanos en sus desplazamientos urbanos cotidianos.

De esta manera, hay ayuntamientos españoles que han optado, aun habiendo sido advertidos por AEDIVE del error que cometían, por publicar concursos basados en subastas de lotes de patinetes, como si la movilidad compartida fuera una tómbola en la que gana el mejor postor, no la empresa que mejor calidad de servicio preste.

Otros ayuntamientos se han preocupado más por obtener ingresos a cambio de licencias, aun aceptando bajas temerarias en los concursos públicos, que hacían imposible la prestación adecuada del servicio, lo que ha resultado en un desastre donde se ha otorgado el servicio a operadores que aceptaron precios imposibles y que posteriormente, han tenido que abandonar el servicio o duplicar su coste, contraviniendo los preceptos establecidos en las bases de la licitación y con la anuencia del consistorio.

Otros ayuntamientos como el de Sevilla sí ha hecho los deberes, se han reunido con las empresas que prestan el servicio con seriedad y compromiso, garantías de calidad, servicio y seguridad para el usuario y los viandantes y han puesto a disposición de sus ciudadanos un modelo adicional de movilidad sostenible que está dando muy buen resultado no solo en la capital hispalense, sino también en muchas ciudades de diversa tipología dentro y fuera de España.

La movilidad compartida con patinetes no es algo que se deba dejar en manos de un referéndum popular, sino una responsabilidad inherente de cada ayuntamiento a la hora de plantear soluciones eficientes de movilidad sostenible para que el ciudadano pueda optar con libertad a la que mejor se adapte a sus necesidades en cada momento, garantizando la seguridad del servicio.

El Gobierno cambia la normativa para desatascar cientos de electrolineras

Electrolinera
  • Transportes aprobará una orden ministerial para agilizar su instalación

  • La reglamentación actual mantiene bloqueadas alrededor de 200 estaciones

España acumula un retraso significativo en el cumplimiento de los objetivos de implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. El despliegue se ha visto frenado por las trabas burocráticas, que propician que en la actualidad estén bloqueadas alrededor de 200 solicitudes de instalación de electrolineras en la red estatal de carreteras.

Para desatascar este tapón y allanar el camino a futuros proyectos, el Gobierno prepara cambios regulatorios adicionales a los ya aprobados en los últimos años. En esta línea, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ultima la publicación de una Orden Ministerial por la que se simplifican las exigencias para obtener las autorizaciones de los puntos de recarga en las vías de gran capacidad y convencionales del Estado, de manera que el titular del proyecto cumplir los requisitos con una declaración responsable.

Esta norma modifica la Orden de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio. A través de la Orden, el departamento que dirige Raquel Sánchez dispone de una alternativa que permitirá una mayor agilidad en el proceso de autorización de las instalaciones de puntos de recarga. Así, introduce la opción de presentar una declaración responsable en la que el titular de la autorización de la instalación principal manifieste “que ostenta la titularidad de la instalación principal” y que “se muestra conforme con la actuación solicitada por el interesado, en la forma que se recoge en el contrato celebrado entre ambas partes, que se deberá adjuntar como anexo a la declaración responsable”, según se recoge en el proyecto de Orden al que ha tenido acceso elEconomista.es.

“Mediante la alternativa incorporada se exime de la obligación de elevar el contrato a público y la acreditación de la titularidad de la instalación principal cuando ésta tenga acceso directo a una vía de titularidad estatal o en cualquier otro caso en que ocupe el dominio público, reduciendo las cargas administrativas del procedimiento y el plazo de resolución del expediente y por tanto, impulsando el despliegue de la red de puntos de recarga eléctrica en el ámbito de la red de carreteras del Estado”, apunta el documento. De esta forma, añade, se habilita “una vía más sencilla para que el interesado acredite que el titular de la autorización de la instalación principal ostenta esta condición y además está conforme con la actuación solicitada”.

La modificación de la Orden de 16 de diciembre de 1997 atañe a la letra a) de la Disposición adicional tercera, cuya redacción queda como sigue: “La autorización podrá otorgarse al titular de la autorización de la instalación principal o al titular de la instalación de recarga eléctrica. El solicitante deberá acreditar quien ostenta la titularidad de la autorización de la instalación principal, así como la conformidad de su titular con la actuación solicitada, mediante un contrato con el titular de la instalación de recarga en que queden reflejadas las obligaciones de las partes y, en particular, la asunción por el titular de la instalación principal de las obligaciones dimanantes de la nueva autorización. Cuando la instalación principal tenga acceso directo a una vía de titularidad estatal o en cualquier otro caso en que ocupe el dominio público, este contrato deberá instrumentarse en documento público. La acreditación a la que se refiere el párrafo anterior también podrá llevarse a cabo mediante la presentación de una declaración responsable firmada por el titular de la autorización de la instalación principal o por su representante (…), a la que se deberá acompañar una copia del contrato privado entre las partes”.

Esta modificación normativa forma parte del conjunto de reformas que establece el plan de agilización del despliegue del vehículo eléctrico incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En la elaboración de la Orden, el Ministerio ha mantenido contactos fluidos con los sectores de automoción y energético. Transportes, y más concretamente la Dirección General de Carreteras (DGC), quiere así dar respuesta al atasco que existe en la actualidad en la tramitación de electrolineras. Así, el Grupo de Trabajo Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico (GTIRVE), formado por las comunidades autónomas, los municipios, la industria del motor, las eléctricas y las compañías logísticas, ha dado respuesta a una de las demandas de la automoción, habiéndose producido la última reunión el pasado mes de diciembre.

Escasa infraestructura

La situación es preocupante dada la escasa infraestructura de recarga con la que cuenta España y, a su vez, con la baja penetración de vehículos electrificados en comparación con otros países europeos. En 2022 España tenía que haber cerrado con 45.000 puntos de recarga públicos pero la cifra fue menor, ya que apenas se lograron instalar 18.000, según ha podido saber este periódico de fuentes del sector. Una cifra insuficiente para lograr los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que establece que para 2030 tiene que haber 5 millones de vehículos eléctricos, cifras que necesitarían, según las previsiones más optimistas, 340.000 puntos de recarga públicos.

Esta Orden Ministerial se une a la Orden TED/1009/2022 que establecía que un millar de estaciones de servicio han de instalar puntos de recarga. Así, las estaciones de servicio con ventas superiores a los 10 millones de litros de gasolinas y gasóleos en 2019 deberán instalar al menos un punto de recarga de 150 kW. Además, las estaciones de servicio con ventas superiores a cinco millones de litros de gasolinas y gasóleos en 2019 tendrán que instalar al menos un punto de recarga superior a 50 kW.

FUENTE: El Economista

AEDIVE pide más acción en electromovilidad: “No podemos seguir con los mismos problemas de siempre”

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Arturo Perez de Lucía, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), sienta las bases sobre las que deben ejecutarse las políticas para el fomento de la movilidad eléctrica de cara a un 2023 marcado por elecciones. ¿Qué espera la cadena de valor de este nuevo ciclo?

 
Con ansias de iniciar un nuevo año, Arturo Perez de Lucía, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), en diálogo con Portal Movilidad España realiza un balance de los hitos que han marcado este 2022 en materia de electromovilidad.

¿Cómo cierra este 2022 AEDIVE?

Con un balance muy positivo en cuanto a crecimiento cuantitativo y cualitativo de socios de AEDIVE. Esto significa reforzar la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios del sector, que nos permite trabajar con más recursos y capacidades y potenciar la generación de negocios entre asociados y el papel de la asociación como representante empresarial ante las administraciones públicas.

¿Cuáles fueron los ejes en los que más han podido profundizar en este ciclo?

Hemos avanzado en los grupos de trabajo internos, en colaboración con el ecosistema empresarial de AEDIVE, para resolver diversas cuestiones asociadas a las infraestructuras de recarga (barreras, mapa de puntos de carga, metrología). Así como a los servicios de movilidad compartida, de última milla, de proyectos industriales como el PERTE VEC y de financiación, además de trabajar para acelerar modelos de negocio y sinergías entre nuestros asociados.

Se ha puesto el foco fuera de España también, ¿no?

La internacionalización ha tomado un papel importante. Con la mirada puesta en Europa, la regulación este año venía marcada por el paquete Fit for 55 y la AFIR, y en Latinoamérica, mercado que consideramos clave y en el que tenemos que sentar las bases de la regulación de sistemas de carga y conectores, frente a la llegada masiva de vehículos eléctricos procedentes del mercado asiátic

¿Se ha avanzado en los retos pendientes del sector y en la electromovilidad este año?

En España tenemos claro el objetivo y las herramientas para impulsar la movilidad eléctrica.

Se ha regulado, se han analizado las amenazas, se han identificado errores, se han propuesto soluciones y ahora queda que el Gobierno las ejecute y pase a la acción, para no transformar el entusiasmo en frustración y porque no podemos seguir dándole vueltas, año tras año, a los mismos problemas que lastran el sector y el mercado.

Tenemos que hacerlo en estrecha colaboración público-privada, también desde la colaboración público-público y con una importante agilidad administrativa, que ahora mismo está sujeta a una sobrecarga de actividad y falta de recursos que ralentiza, por efecto dominó, al resto del ecosistema.

¿Y cuáles serían esas acciones?

Las inmediatas, sin duda, una reforma fiscal. Se debe incluir en el IVA a los eléctricos y aplicar al MOVES las mismas ventajas que otros incentivos, como los de la eficiencia energética en la edificación, del RDL 19/2021.

La eliminación de barreras a la infraestructura de carga pública y vinculada también son importantes… El Gobierno dispone ya de toda la casuística que lastra este sector y confiamos en que muy pronto empecemos a ver los resultados en el mercado.

Asimismo, una ley de Zonas de Bajas Emisiones debe ser publicada prontamente, para que los ayuntamientos puedan trabajar en sus ordenanzas.

El mercado de vehículos eléctricos ha ido creciendo, ¿ha sido suficiente?
Menos de lo deseado porque todavía nos falta estar a la altura de mercados tan cercanos como el de Portugal. Pese a esto, prevemos acabar el 2022 en torno a las 100.000 matriculaciones, lo que supone un hito y la verdad es que, visto el panorama que nos dibujó casi a principios de año el conflicto en Ucrania y con ello, la inflación, la crisis energética y otros desafíos, lo intuíamos peor.

Aun así, los próximos ocho años tendremos que matricular del orden de 600.000 vehículos eléctricos por año hasta 2030 para llegar al objetivo del Gobierno de 5 millones.

Sin ejecutar las acciones comentadas antes, no lo lograremos.

¿Cómo puede detenerse el crecimiento de las matriculaciones de vehículos antiguos?

Afrontamos un contexto en la movilidad del futuro y a nivel industrial, donde cada vez hay menos oferta de vehículos nuevos por debajo de 20.000€, en combustión y en eléctrico, y además se están vendiendo cada vez más coches usados y avejentados, lo que no solo atañe a la calidad del aire, sino también a la seguridad vial.

Al margen de puntuales problemas de stock en la actualidad, se producen menos coches, con más equipamiento, tecnología, seguridad y rentabilidad para el fabricante, pero menos accesibles a un público con menor poder adquisitivo, cuando ha habido en los últimos años un incremento medio en el PVP de los vehículos del 26%.

Además, los datos del CIS de marzo de este año señalan que el 35% de los españoles llega justo a fin de mes, el 11% necesita tirar de ahorros y más del 5% tuvo que endeudarse.

¿Todo esto hacia dónde nos lleva?

Tenemos que pensar en soluciones de compra por suscripción, como el renting, o de pago por uso, como la movilidad compartida, irán adquiriendo cada vez mayor protagonismo.

También, esperamos un incremento en la adquisición de vehículos eléctricos ligeros para un uso urbano, más competitivos en precio y que cumplen con el 80 o 90% de las necesidades de movilidad de una amplia mayoría de la población, que luego puede usar otras soluciones de pago por uso para desplazamientos largos en contadas ocasiones.

Desde la movilidad eléctrica, el sector se está preparado para dar una respuesta eficiente en paralelo con la propiedad del vehículo.

El Gobierno español está jugando un rol central en la transición, ¿podría puntuar su desempeño?

No podría ponerle una nota global, porque cuando hablamos del Gobierno, parece que nos refiramos a un ente que actúa en gregario y realmente no es así. Hay ministerios muy comprometidos y otros que van en direcciones desacopladas o poco alineadas.

¿Cuáles serían los poco alineados?

Hacienda no parece atender a las señales que les vamos trasladando diversos agentes sociales desde el sector y sin una política fiscal que acompañe, nos costará alcanzar los objetivos de electrificación del Gobierno a 2030. A los demás ministerios les pondría los recursos necesarios en equipo humano para poder hacer los deberes a tiempo, porque si bien su voluntad es buena, la sobrecarga de trabajo está haciendo que se acumulen cosas que quedan pendientes.

Poniendo el foco en la ejecución del PERTE VEC, ¿deberían replantearse las bases de cara a una nueva edición?

Sin duda. Plantearía por qué en países como Francia, Italia o Portugal, los proyectos han avanzado y si el esquema propuesto en España es el más adecuado.

Ha habido escasa flexibilidad, agilidad y recursos humanos, poco tiempo y transparencia para que los fondos lleguen a los destinatarios finales. Es así que los resultados de este PERTE VEC y el hecho de que haya proyectos que se hayan descolgado pone de manifiesto que algo no ha funcionado.

Pienso que el Ministerio de Industria es plenamente consciente de ello y que ya trabaja para corregirlo.

¿Se puede profundizar al respecto?

Ha faltado apoyo a proyectos industriales y las fábricas españolas necesitan músculo financiero para actualizarse y adaptar su producción a nuevas plataformas que les permitan seguir siendo competitivas en el nuevo escenario de la electrificación. Esto es algo que no podemos retrasar si queremos seguir siendo un pulmón industrial de la automoción en Europa y en el mundo.

Del mismo modo, hay que hacer una reflexión sobre qué impulso y representación se le ha dado a la pyme en este plan, cuando se pretendía reforzar esta parte fundamental del tejido productivo en España y mucha pequeña y mediana empresa nos traslada su descontento y desánimo a la hora de optar a futuras ediciones.

El 2023 estará marcado por un fuerte contexto electoral, ¿Cómo repercutirá en la electromovilidad?

Espero que no impacte o que, si lo hace, sea en positivo. Uno de los principales objetivos de AEDIVE es trabajar con los grupos políticos para evitar que la movilidad eléctrica esté asociada a colores e ideologías.

El vehículo eléctrico es movilidad sostenible, que es un objetivo que ningún grupo político debería cuestionarse ya, pero también es eficiencia energética, que debería ser un eje estratégico de cualquier gobierno, ya sea estatal, regional o local.

¿Qué riesgos aparecen en este marco electoral?

El no apostar por la electrificación en la movilidad, lo que podría verse como pegarle un tiro en el pie a una industria potente, a la competitividad y al empleo sostenido en España.

También debe tenerse en cuenta a los fabricantes, que están invirtiendo ingentes cantidades de dinero para acelerar su transformación con mayor ambición, incluso, que la de las administraciones públicas. No hacerlo, dejaría además vía libre al mercado asiático, que viene para competir con fuerza en el viejo continente.

En el ámbito de la movilidad urbana, hay que tener en cuenta que el 2023 arrancará con una veintena de ciudades de más de 50.000 habitantes que habrán activado sus zonas de bajas emisiones, del total de los 149 municipios afectados. Esto, debido a que todavía no se ha publicado la ley, que es la que a juicio de la FEMP otorga seguridad jurídica a los ayuntamientos.

Preocupa qué sucederá a lo largo del año que viene, en un marco de elecciones que podría retrasar aún más la puesta en marcha de dichos planes.

Vicepresidenta Ribera anuncia un aumento de fondos para movilidad sostenible y autoconsumo

Teresa Ribera

El presupuesto del MOVES III alcanzará los 1.200 millones, tras una ampliación de 400 millones

El fomento del autoconsumo recibirá 500 millones adicionales, según lo previsto en el Plan +SE

Las administraciones podrán contar con más fondos para agilizar la ejecución de las ayudas del Plan de Recuperación

Se mantienen los hitos fijados por la normativa para tramitar proyectos de renovables

Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha anunciado hoy a las comunidades autónomas, durante una reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Energía, una ampliación de las ayudas para la movilidad sostenible y el autoconsumo, más recursos para que las administraciones gestionen las ayudas, y el mantenimiento de los hitos fijados por la normativa para tramitar proyectos de energías renovables.

La vicepresidenta ha presentado el informe de ejecución del Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE), y ha recordado que las comunidades autónomas deben remitir sus planes de ahorro y eficiencia antes del 1 de diciembre. Durante el encuentro también se ha tratado la evolución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, cuya implementación depende tanto del Gobierno central como de los regionales.

MÁS RECURSOS PARA AGILIZAR EXPEDIENTES

En este sentido, a petición de las comunidades autónomas, se ha planteado incrementar hasta el 5% los gastos de gestión de los sostenible (MOVES III), ahora situado en el 2,5%, y el programa de Incentivos al autoconsumo, el almacenamiento energético y las instalaciones térmicas con renovables, actualmente en el 3%. La subida permitirá aumentar los recursos administrativos y agilizar las tramitaciones. La vicepresidenta Ribera ha anunciado la próxima ampliación del Programa MOVES III. Destinado a subvencionar la compra de vehículos y la instalación de puntos de recarga y dotado con 800 millones de euros, recibirá 400 millones adicionales, a la vista de su éxito: se han recibido más de 90.000 solicitudes y 15 comunidades autónomas han solicitado su ampliación. Las diferentes líneas de fomento para las instalaciones de autoconsumo también se verán reforzadas con 500 millones adicionales, de acuerdo con lo previsto en el Plan +SE.

MANTENIMIENTO DE LOS HITOS DE LA TRAMITACIÓN DE RENOVABLES

Finalmente, en la Conferencia se ha confirmado que se mantienen los hitos marcados por la normativa para tramitar los proyectos de energías renovables, con los objetivos de evitar el bloqueo de la capacidad de acceso a la red eléctrica, garantizar la seguridad jurídica de los promotores y demostrar la credibilidad de la Administración a la hora de cumplir sus compromisos.

Los proyectos de renovables tienen cinco años para ejecutarse desde el momento en que obtienen el derecho de acceso a la red eléctrica, con varios hitos intermedios que deben cumplirse. El próximo 25 de enero se cumple el plazo para que numerosos proyectos obtengan la Declaración de Impacto Ambiental.

 VI Congreso Europeo de Movilidad Eléctrica

CEVE2022

Lo organiza AEDIVE y se celebra el 3 y 4 de noviembre en Sevilla

La VI Edición del Congreso Europeo del Vehículo Eléctrico, CEVE2022, será inaugurada por el director general del IDAE, Joan Groizard, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, en una sesión que comenzará a las 09.30 horas en el Pabellón de la Navegación, de Sevilla.

El VI Congreso, organizado por AEDIVE, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, contará con un programa de dos días, el 3 y 4 de noviembre, en el que se analizará a través de destacados panelistas el desarrollo, oportunidades y desafíos de la Movilidad Eléctrica en todas las vertientes de su cadena de valor, incluyendo su papel en la industria, en la movilidad urbana, en el renting y en la relación del vehículo eléctrico con el sistema eléctrico y la eficiencia energética.
Asimismo, se analizará la situación de la movilidad eléctrica a nivel europeo y el papel que tiene España en ese mercado.

La VI Edición del Congreso Europeo del Vehículo Eléctrico cuenta con el apoyo de empresas patrocinadoras principales como Endesa X Way, Repsol, Cable Energía, Total Energies y Ayesa, así como con Atlante, Barter, Bridgestone, CERE, Circontrol, Evectra, Guppy, Iberdrola, el Instituto Tecnológico de la Energía, ITK Engineering, MAN Trucks & Bus Iberia, Movelco, Northgate, Ormazábal, Phoenix Contact, Silence Urban Ecomobility, Voi Technology y Zeemcoin.

Infraestructuras de recarga

Una de las mesas que mayor expectación despierta en el Congreso será la que reúne a representantes de las administraciones públicas y a los operadores de recarga. Las infraestructuras de recarga de acceso público y los retos y desafíos que implica su despliegue es uno de los temas candentes que afronta el sector de la movilidad eléctrica en España y a través de esta mesa se analizará el estado de la regulación, de los objetivos y de las barreras aún pendientes de superar.

Andalucía y Sevilla, sede del Congreso por méritos

Este año, el Congreso se celebra en Sevilla porque la ciudad está siendo un ejemplo de integración e impulso de la movilidad eléctrica tanto por los servicios de movilidad compartida como por el desarrollo de una red de 700 puntos de recarga semi rápida, rápida y de alta potencia que la ciudad pretende implementar para dar respuesta a las necesidades de los usuarios. Además, Andalucía es una región modélica en el impulso del vehículo eléctrico y en su relación con las fuentes de energía renovable, lo que ha llevado a que los socios de AEDIVE seleccionaran la capital hispalense como el epicentro de esta edición del CEVE 2022.

Premios AEDIVE-Santiago Losada

En la noche del 3 de noviembre tendrá lugar la cena de gala del sector, patrocinada por MasterCard, y la entrega de premios AEDIVE-Santiago Losada 2022, que serán otorgados a la Innovación, a la Comunicación, a la Institución Pública y a la Trayectoria empresarial.