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El año 2022 ha cerrado con una venta de 52.224 vehículos 100% eléctricos y 48.201 híbridos enchufables en España, lo que supone ratios de crecimiento por encima del 32% y del 11%, respectivamente, respecto al ejercicio anterior y haber superado, por primera vez, las 100.000 matriculaciones en un solo año.

Sin embargo, el sector de la movilidad eléctrica afronta desafíos que aún quedan por superar para consolidar el mercado.

Hablamos con el director general de AEDIVE y vicepresidente de AVERE, Arturo Pérez de Lucia, para testar de su mano el mercado de la movilidad eléctrica y las perspectivas de futuro en España.

PREGUNTA. Arrancamos con una pregunta obligada. ¿Qué balance hace del 2022 en lo que atañe a la movilidad eléctrica en España?

RESPUESTA. El balance es positivo por cuanto ha cerrado con ratios de crecimiento en ventas tanto de vehículos nuevos como de ocasión, en este último caso con 15.114 eléctricos de batería y 11.653 híbridos enchufables, con crecimientos del 21% y 3%, respectivamente, respecto al ejercicio de 2021.

Aun así, y aunque vamos a superar los objetivos del Gobierno en vehículos eléctricos para 2023, pues ya estamos por encima de las 250.000 unidades, el gran reto es el que se vislumbra a 2030, con 5 millones de vehículos eléctricos, lo que implicaría matricular cada año durante los próximos ocho, del orden de 600.000 vehículos eléctricos o multiplicar por seis, cada año, lo logrado en 2022.

Si tenemos en cuenta que en España se han matriculado en 2022 del orden de 1.241.600 vehículos entre turismos, comerciales ligeros, industriales, autobuses, autocares, microbuses y motos, hablamos de que más del 50% de las matriculaciones anuales deberían de ser de vehículos eléctricos en los próximos años.

P. ¿Y qué se necesita para hacer realidad ese reto?

R. El mercado sigue evolucionando, pero para acelerarlo, hay dos ámbitos que deben desarrollarse con celeridad. Uno pasa por una reforma fiscal que ponga el foco en la señal de precio en la compra de vehículos eléctricos. Actualmente disponemos de los fondos del plan MOVES 3 para la compra de vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga, pero el comprador debe tener capacidad financiera para asumir el coste inicial, ya que estas ayudas no se aplican en la compra, lo que limita en muchos casos la voluntad de los usuarios para asumir esa adquisición.

La legislación española obliga a que estas ayudas se tramiten vía comunidades autónomas y eso supone una cierta disparidad en los plazos tanto de publicación de las convocatorias como   en aspectos como la tramitación y la consecuente obtención del dinero por parte del destinatario final pues son 19 órganos gestores diferentes. Una reforma fiscal que ponga el foco en una rebaja temporal del IVA a los eléctricos sería una ayuda inmediata en el momento de la compra, imprescindible para dinamizar el mercado y que el Gobierno cumpla con los objetivos que el propio Ejecutivo se ha marcado en materia de movilidad eléctrica.

Por otro lado, los problemas que siguen aquejando al sector de las infraestructuras de recarga, en especial públicas, ralentizan la puesta en marcha y operación de puntos de recarga que, en algunos casos, llevan más de dos años paralizados. El grupo de trabajo que inició la Secretaría de Estado de Energía a principios de 2022 trata de solventar los problemas existentes en un excelente ejercicio de colaboración público-privada, pero es preciso acelerar sus efectos para poder avanzar con mayor celeridad.

P. ¿Quiere ello decir que el MOVES no es un plan eficaz a la hora de promover la movilidad eléctrica?

R. El MOVES es un plan necesario como parte de los planes del PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) y además, junto con el MOVES 3, existen otros complementarios como el MOVES Flotas, que acaba de abrir su segunda edición con 50 millones de euros, y el MOVES Singulares II, que pone el foco en proyectos innovadores asociados a la movilidad eléctrica, si bien estos dos últimos se basan en concurrencia competitiva y se asignan los fondos en base a la puntuación de los proyectos presentados.

Pero el MOVES 3 precisa de tres claves para su éxito. Por un lado, la dotación económica, que en esta ocasión es muy superior a ninguna otra anterior y ello significa que hay presupuesto disponible y en abundancia, por lo que no es un problema.

La segunda clave es la tramitación de las ayudas, que es donde se encuentra uno de los cuellos de botella para que el MOVES gane agilidad, pues los gobiernos regionales están desbordados por la cantidad de planes que tienen que gestionar, más allá de los propios MOVES, y sufren en algunos casos retrasos importantes, razón pro la cual, el Gobierno se ha planteado  incrementar del 2,5% al 5% la dotación del MOVES para los gastos de gestión de las CCAA a fin de descongestionar las listas de espera.

La tercera es que las comunidades autónomas soliciten ampliaciones de presupuesto al IDAE para sus convocatorias porque, de lo contrario, no podrán dar respuesta a las listas de espera existentes y el mensaje que reciben tanto los concesionarios como los destinatarios finales de las ayudas es que no hay dinero, lo que no se corresponde con la realidad.

A fin de dar transparencia al avance de la ejecución de los Programas del PRTR, el IDAE ha anunciado que publicará las dotaciones económicas del PRTR y los fondos asignados por Programa y Comunidad Autónoma, indicando los fondos solicitados  y resueltos, lo que dará una idea de cómo avanza cada Comunidad Autónoma en lo que al MOVES corresponde y permitirá identificar en qué regiones existen mayores  listas de espera y, por tanto, sería necesario solicitar ampliación de presupuesto. 

P. ¿Qué comunidades autónomas son ejemplares y cuáles no en esta materia?

R. Yo creo que todos los gobiernos regionales tratan de trabajar con la mayor eficacia y ejemplaridad, aunque en algunos casos se ven desbordadas por el trabajo y por eso, el Gobierno plantea un incremento en los gastos de gestión, que ayudarán a las CCAA a dotar mejor sus equipos para agilizar los expedientes, si bien hay comunidades autónomas que deberían de haber hecho ya nuevas solicitudes de fondos del MOVES, teniendo en cuenta sus listas de reserva. 

Le diré una comunidad autónoma ejemplar en la materia, como es Aragón, que por lo que sabemos, ha hecho ya tres solicitudes de ampliación de fondos. Las que no lo están haciendo se verán reflejadas en la información sobre la evolución de los fondos del PRTR que se publicará en breve y será de dominio público para todos nosotros.

P. Hablando del MOVES Flotas que ha mencionado, se critica que ha dejado de lado a los autónomos. ¿Por qué?

R. El pasado 12 de enero celebramos un webinario, disponible en el canal Youtube de AEDIVE, sobre el MOVES Flotas 2 y allí se explicó con transparencia que este plan no deja fuera a nadie, sino que es complementario al MOVES 3. 

Lo que pretende el MOVES Flotas es que aquellas empresas que operan en varias comunidades autónomas no tengan que enfrascarse en trámites para la concesión de ayudas a vehículos e infraestructuras de recarga en cada región, sino que puedan hacerlo de una sola vez y de forma más sencilla a través de este programa, que implica entre otras cosas, que el solicitante presente un proyecto que afecta al menos a dos comunidades autónomas.

El transportista autónomo con flota de vehículos ligeros puede solicitar sus ayudas a través del MOVES 3 donde, además, la intensidad de ayuda es más elevada que en MOVES Flotas, que va dirigido únicamente a empresas. Por lo tanto, se trata de una queja injustificada.

P. ¿Qué espera para la movilidad eléctrica de un 2023 tan marcado por la agenda de las elecciones?

R. La verdad es que es un año complicado desde esa perspectiva. En el ámbito más local, tenemos todavía el reto de las zonas de bajas emisiones en más de un centenar de ciudades de las 149 afectadas por el Real Decreto, que aún no han publicado sus correspondientes ordenanzas. En la medida en que haya retrasos, supondrá un reto de aquí a mayo y posteriormente, si se producen cambios a nivel de gobierno y hasta que la nueva corporación se acomode e inicie actividad.

A nivel autonómico, puede tener implicaciones en la tramitación de expedientes de ayudas y subvenciones, en función de que haya cambios en gobiernos y con ello, en los equipos de gestión. 

Las generales están aún en el aire y podrían ser en noviembre, diciembre o incluso, enero de 2024. En cualquier caso, los principales partidos políticos parecen compartir un enfoque similar en torno a la necesidad de apostar por la movilidad eléctrica por criterios medioambientales y de eficiencia energética, así como por la oportunidad industrial y tecnológica que permita seguir siendo a España un país puntero en el sector de la automoción. Otra cosa es cómo pretende arbitrar cada partido los tiempos y la estrategia en ese impulso.

Lo que sí me queda claro es que cualquier gobierno que asuma la presidencia de España habrá de tener en cuenta al tejido industrial, tecnológico y de servicios de la movilidad eléctrica para mantenerse en la senda de crecimiento y consolidación de un mercado que de otro modo, supondrá grandes problemas en el ámbito de la competitividad y el empleo.

En ese escenario, AEDIVE seguirá siendo, como siempre, fiel a las instituciones públicas para trabajar de forma coordinada con el ecosistema industrial, tecnológico y de servicios de la movilidad eléctrica.