Adriano Mones Bayo fue nombrado presidente de Aedive hace algo más de dos años. Licenciado en Administración de Empresas por la Ruhr-Universität Bochum y doctorado por la Universidad de Oviedo y con un MBA por ESADE, Mones tiene una amplia experiencia en el sector de la movilidad eléctrica, en la que trabaja de forma activa desde hace más de una década para impulsar la internacionalización de negocios y en la dirección de innovación de diversas compañías y en varios países.
ENTREVISTA A ADRIANO MONES BAYO
La movilidad eléctrica mantiene una senda de crecimiento que ni siquiera la pandemia ha detenido y desde Aedive hablan de doblar el parque en poco más de dos años, ¿en qué medida ve viable el más que ambicioso objetivo de los 5 millones de vehículos en 2030?
Creo que el objetivo es factible, y así se ha recogido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, documento en cuya elaboración hemos contribuido desde Aedive. A su vez, la Comisión Europea ha publicado su paquete legislativo Fit for 55, que apoya su compromiso de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero un 5 % más del objetivo establecido previamente para el año 2030, que ya era del 50 %.
¿Cuándo veremos de verdad el sorpasso del vehículo eléctrico respecto del de combustión?
Se prevé que sea en el año 2025, siempre y cuando se continúe legislando a favor de la reducción de emisiones de CO2, se siga reduciendo el precio de las baterías eléctricas (según publicaba recientemente el digital Híbridos y Eléctricos el precio de las baterías es un 87 % menor que hace 13 años) y se posicione en torno a 70 dólares el kW. Esto haría que el precio de compra de los vehículos eléctricos se equiparara con el de los térmicos.
Hay otros tres aspectos determinantes para lograr este objetivo: el primero, que se incremente la oferta de modelos eléctricos por parte de los fabricantes, ya que un incremento de la oferta en el mercado también repercutiría en una baja del precio de compra. El segundo aspecto determinante es que se continúe y se incremente del despliegue de las infraestructuras de recarga, para lo cual es necesario estimular la inversión privada, fundamentalmente por parte de los operadores de puntos de recarga. En tercer lugar, las administraciones, en todos sus niveles, deben facilitar el mencionado despliegue con medidas destinadas a agilizar los trámites exigidos.
“En la actualidad, el 85 % de los cargadores públicos tienen una potencia igual o inferior a 22 kW. Si en el futuro el parque móvil eléctrico se desarrolla según lo esperado, este porcentaje debería de disminuir en favor de cargadores públicos de mayores potencias”
En su intervención ante el Gobierno en la presentación del PERTE puso el énfasis en la colaboración público-privada y el músculo financiero como necesidades y también en la relevancia de agilizar los trámites, ¿puede ampliarnos un poco lo que es necesario en cada uno de estos aspectos?
Este asunto lo hemos trasladado en varias ocasiones desde Aedive. Para agilizar los trámites se debe promocionar el uso de fórmula de la declaración responsable en lugar de licencia de obra y licencia de actividad, la autorización de la actividad de los puntos de recarga en parcelas con actividades ya existentes, así como su implantación en suelo rústico con los mismos derechos que tienen las estaciones de servicio. También sería necesaria la exención del permiso de obras cuando la estación de recarga se ubique en un área de servicio concesión del MITMA, así como eliminar el proceso de autorización administrativa para las instalaciones de recarga que no requieran expropiación o sean menores de 1.500 kW.
¿Y la reforma de la fiscalidad para ayudar al despegue del vehículo eléctrico?, ¿en qué aspectos se sustenta?
Por una parte, si se exime de impuestos a los vehículos de cero emisiones se está favoreciendo la renovación del parque móvil en favor de aquellos menos contaminantes. Las patronales del sector proponemos no gravar a los usuarios de vehículos eléctrico con el nuevo impuesto medioambiental que vendría a sustituir al actual impuesto de matriculación, del impuesto de circulación y del IVA, que si no se puede eliminar, al menos se debería reducir.
“El año pasado había 11 vehículos eléctricos por punto de recarga y este año hay 15. La conclusión es que el crecimiento de la flota de vehículos eléctricos no está acompasado con el de las infraestructuras de recarga de acceso público”
Esta publicación ha contactado con usuarios de vehículo eléctrico muy satisfechos con la tecnología y la experiencia de usuario, pero desencantados con la ineficacia de las ayudas del Moves, ¿qué le diría a quien hace más un año que compró su vehículo y aún espera esa ayuda?
Que se dirija al órgano competente de su comunidad autónoma y que reclame la información necesaria para saber cuándo le van a pagar la ayuda comprometida.
¿Cómo valora la desigualdad que existe entre comunidades en la gestión y la implantación de las ayudas?
Mal. No me parece razonable que algunas comunidades autónomas hayan conseguido articular las ayudas en el mes de julio y otras lo estén haciendo ahora. Creo que aquí la voluntad política desempeña un papel fundamental, pues si se argumentan los retrasos con la falta de medios humanos y técnicos estos pueden y deben incrementarse, ya que sólo en el año 2021 habrá que gestionar un mínimo de 100 millones de euros pertenecientes a este plan. Es más, los 400 millones de euros previstos inicialmente hasta el año 2024 pueden llegar a verse duplicados en caso de necesidad, luego hay que prever a tiempo la carga de trabajo administrativo que esto conllevaría para las administraciones autonómicas.
“Para agilizar los trámites se debe promocionar el uso de la declaración responsable en lugar de licencia de obra y licencia de actividad, la autorización de la actividad de los puntos de recarga en parcelas con actividades ya existentes, así como su implantación en suelo rústico con los mismos derechos que tienen las estaciones de servicio”
El éxito de asistencia en el VEM parece dar una idea de cómo crece la conciencia del usuario final sobre la realidad de la movilidad eléctrica, ¿qué factores cree que deben cambiar en la percepción social para que la introducción de la movilidad eléctrica lo sea a gran escala?
En primer lugar, que tenemos que cuidar nuestro medioambiente mucho más de lo que lo cuidamos, y que para ello hay que reducir la emisión de partículas tóxicas a la atmósfera. Como el transporte es un sector contaminante, aunque ni mucho menos el único, hay que actuar sobre él para descarbonizarlo. Esto es por nuestro bien y, sobre todo, por el de las generaciones venideras.
En segundo lugar, que el vehículo eléctrico va adaptando su precio y su rendimiento a la situación del mercado. Los fabricantes de automóviles están lanzando al mercado cada vez más modelos, así lo pudimos comprobar en el VEM. Eso hace posible disponer de distintas opciones en cuanto a precios y rendimientos. Hay un gran número de personas en nuestro país que conducen una media de 40 kilómetros al día, para lo cual un vehículo eléctrico puede ser perfectamente válido, siempre y cuando tenga capacidad de pagarlo y de recargarlo mayoritariamente en su casa o en el trabajo. Esto es muy importante.
¿En qué medida cree que la infraestructura de recarga crece acompasadamente al ritmo al que lo hace el parque?
Según los datos del Observatorio Europeo de Combustibles Alternativos, entre enero y julio de 2021 la ratio entre vehículos eléctricos y puntos de recarga de acceso público se ha incrementado un 36%, es decir, el año pasado había 11 vehículos eléctricos por punto de recarga y este año hay 15. La conclusión es que el crecimiento de la flota de vehículos eléctricos no está acompasado con el de las infraestructuras de recarga de acceso público.
¿Qué número de puntos podremos tener para abastecer esos 400.000 vehículos a finales de 2023?
Si consideramos una ratio aceptable de 10 u 11 vehículos eléctricos por punto de recarga de acceso público, deberíamos tener entre 35.000 y 40.000 puntos de recarga de acceso público. La cuestión no es sólo tiene un carácter cuantitativo, sino también cualitativo. En la actualidad, el 85 % de los cargadores públicos tienen una potencia igual o inferior a 22 kW. Si en el futuro el parque móvil eléctrico se desarrolla según lo esperado, este porcentaje debería de disminuir en favor de cargadores públicos de mayores potencias y con ubicaciones muy accesibles, como son las estaciones de servicio y descanso.
FUENTE: INSTALADORES 2.0
