Los actores implicados en el cambio de modelo energético demandan estabilidad, reglas de juego claras y medidas financieras y fiscales a favor de las tecnologías menos contaminantes, pero difieren en la velocidad de su aplicación
No hay marcha atrás. La descarbonización de la economía es un camino ineludible para revertir los efectos del cambio climático y garantizar el crecimiento del PIB mundial. Y Europa marca el paso, tras fijar recientemente objetivos más ambiciosos: un 32% de energías renovables en 2030, frente al 27% anterior. Una meta ahora vinculante para los Estados miembros que se revisará, al alza, en 2023.
Pero ¿qué retos trae consigo este cambio de modelo en España?, ¿cómo lo están afrontando los demás socios europeos?, ¿cuál es el papel que deben jugar la Administración y los ciudadanos en el incentivo de estas nuevas tecnologías? o ¿qué pasará con el carbón y las nucleares? Estos fueron los temas que se debatieron en el desayuno organizado por CincoDías, con la colaboración de Endesa.
“La descarbonización del sector energético no es una opción, es una obligación, y hay que dar los pasos para que se convierta en realidad, porque el cambio climático no es una broma, es el mayor desafío que tiene la humanidad; necesitamos autonomía energética y contribuir a la competitividad y al empoderamiento ciudadano”, afirma el eurodiputado socialista José Blanco.
El exministro de Fomento durante el Gobierno de Zapatero defiende que Europa está haciendo sus deberes, pese a que “algunos creen que debería hacerlo con más celeridad” o pese Alemania, que estuvo frenando, para su sorpresa, hasta el último segundo el acuerdo europeo.
Cada país, un mundo
El problema de Berlín es que anunció en 2011 (precipitadamente para Blanco) el cierre de sus centrales nucleares para antes de 2022 y ahora ha tenido que recurrir al carbón para alimentar a su industria, que consume el doble de energía que la española, con el consiguiente aumento de las emisiones de dióxido de carbono, explica María Luisa Castaño, directora del departamento de energía del Ciemat.
De ahí que el alemán sea un ejemplo de la encrucijada que hay entre la intención y la realidad a que deberán hacer frente los países, sin saber muy bien todavía qué ruta seguir ni el modelo regulatorio a aplicar. “Francia lo está haciendo bien. En regulación va muy por delante, hay compromiso político, el primer ministro está involucrado y la convicción que transmite es impresionante por el efecto Macron”, destaca Mariluz Castilla, miembro fundador y secretaria general técnica del Grupo Español para el Crecimiento Verde. Aunque José Blanco matiza que una cosa es lo que dicen en Francia y otra lo que hacen en Bruselas.
Mientras, en España, se espera que la llegada del nuevo Gobierno socialista acelere la concreción de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y vuelva el impulso renovable. “Acabamos de terminar la etapa más oscura de un país en los últimos años a nivel energético”, proclama Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Energías Renovables, quien califica la situación de “agridulce, esperanzadora e insuficiente”. “Siempre decimos que la tecnología ha cumplido, pero la política todavía no. Es decir, no es un problema tecnológico, sino de decisión política”, insiste.
Barreras
Y es que queda mucho por hacer. “No puede ser que nuestro gasóleo y gasolina tengan los tipos impositivos más bajos de Europa, mientras que la electricidad tiene los más altos. No puede ser que resulte más barato calentar una casa con fueloil que con electricidad”, lamenta Juan José Alba, director de regulación de Endesa para España y Portugal. Para Alba, hay que electrificar más, si se quiere avanzar en la transición energética.
Pero, antes, existe un escollo a solucionar. “Un dato relevante: el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista español en 2017 fue de 52,24 euros el megavatio hora (MWh). En Francia, de 44,96, y en Alemania, de 34,20. Es cierto que el pasado fue un año seco, pero si vemos los datos de este ejercicio, cuando se abrieron los cielos [por las lluvias], se mantiene prácticamente esa diferencia. Con Francia nos separan de forma constante entre 10 y 12 euros y con Alemania, cerca de 20”, apunta Carmen Becerril, presidenta de Fortia Energía, que pone el acento en la mejora de la competitividad.
“Tenemos que hacer una revisión en profundidad para analizar los costes que estamos imputando al sistema ibérico, ya que compartimos precios con Portugal, y qué marco regulatorio nos puede aproximar a los precios europeos”, sostiene.
Además, está el caos en la Administración. “Falta coordinación estatal, entre los ministerios, las comunidades autónomas y los municipios. Que en Alcobendas, por ejemplo, se dicte una política sobre el vehículo eléctrico y en Madrid otra, o que en materia de ayudas, Industria vaya por un lado, Energía por otro y Hacienda no haga nada, ni plantee cambios fiscales”, critica Arturo Pérez de Lucia, director gerente de Aedive (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico). “Pedimos voluntad política para adecuar la ley a los objetivos ambientales”, subraya.
Todos coinciden: para que la transición energética sea un éxito, se requieren metas ambiciosas, como la marcada por la UE, seguridad jurídica, estabilidad, medidas fiscales, “como elemento de cambio de hábitos y no como afán recaudador”, sugiere Fernando Ferrando, y la participación de las empresas y del Estado; este último debe jugar “un papel transformador, incentivador y ejemplarizante”, a juicio de María Luisa Castaño.
Este entorno tiene, además, la capacidad de atraer inversores. “Es una oportunidad para las empresas españolas y se necesita mucha inversión. Si somos capaces de dar señales que convenzan a los inversores, como poner precio al carbono, iremos entonces por el buen camino”, acota Mariluz Castilla.
Cuestión que comparte José Blanco: “Hay que evitar criterios de retroactividad, como ha ocurrido en nuestro país en el pasado [con las renovables tras la reforma energética del PP de 2013], que lo único que generan es inseguridad, cuando los inversores buscan certidumbre, regulación clara, marcos seguros y planes a medio y largo plazo que garanticen el camino por el que hemos de transitar”.
Fernando Ferrando considera imperativo un pacto de Estado, porque el cambio de modelo energético implica un deterioro de activos para aquellos agentes del mercado con tecnologías más contaminantes. Por eso, en Endesa temen a los calendarios impuestos. “Las decisiones se tienen que tomar por motivo económicos y técnicos. España no se puede permitir el lujo de renunciar anticipadamente a ciertas instalaciones que dan seguridad de suministro; si las cerramos, tendremos que sustituirlas. Y necesitamos unos mercados donde las tecnologías puedan competir”, argumenta Alba.
Oportunidad de negocio
Pese a los retos, las empresas ven la descarbonización como una coyuntura idónea para hacer negocios. “La transición energética ha llegado para quedarse y, además de ser una medida de lucha contra el cambio climático, es una oportunidad tecnológica, industrial y económica para competir en el mercado local y global”, enfatiza Castaño.
También para los consumidores que, con sus decisiones individuales (la instalación de una bomba de calor en vez de una de gas o la compra de un coche eléctrico, por ejemplo), están empujando en esta dirección. “No podemos hacer transición energética si el consumidor no participa”, advierte Ferrando, favorable al impulso del autoconsumo, “perseguido en este país”, y que hasta ahora solo abanderan los ayuntamientos.
De hecho, los vehículos eléctricos ya ofrecen la posibilidad no solo de tomar la electricidad de la red, sino también de devolverla, lo que se conoce como B2G (battery-to-grid) o sistema de recarga bidireccional, recuerda Pérez de Lucia, de Aedive. Fabricantes como Nissan están trabajando en este juego energético en Europa, y en Tenerife, que quiere incrementar el peso renovable a través del almacenamiento energético, recogiendo energía en horas valle y vertiéndola a la red en horas pico.
Pérez de Lucia, avisa, sin embargo, de que para su desarrollo es clave avanzar en las infraestructuras de recarga. “Contamos con puntos de 50 kilovatios hora, pero tendríamos que hablar de los ultrarrápidos, de 300-350 kilovatios hora”.
