«Debemos responder a los fondos europeos de manera seria y transparente», afirma Teresa Ribera

Foro Transición Ecológica
El Euroforo de Vocento sobre transición ecológica recoge la demanda de las empresas de que se agilicen los trámites administrativos para aprovechar las ayudas

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha afirmado que con los fondos europeos «nos jugamos mucho y debemos de responder de manera seria y transparente».

Ribera ha inagurado esta mañana el Euroforo Vocento sobre ‘Transición ecológica: futuro sostenible’ que se ha celebrado en la sede de este grupo en Madrid patrocinado por Endesa, Renault, Ferrovial, y Sabadell.

La ministra ha destacado que la variable ambiental «se convierte en la gran columna vertebral» del desarrollo y ha subrayado que nuestro país cuenta con ventajas y que «tenemos mimbres para desarrollar las nuevas cadenas de valor». Ha apuntado como objetivos, entre otros, el desarrollo de infraestructuras verdes y azules y mejorar las interconexiones energéticas.

Teresa Ribera ha manifestado que el Gobierno «asume el impulso de esta transición con la complicidad de todas las administraciones públicas y de la sociedad. Va a ser un proceso complejo que seguro que requerirá una lluvia fina durante mucho tiempo».

En la mesa que se ha celebrado a continuación sobre transición energética, infraestructuras y sostenibilidad, el consejero delegado de REE, Roberto García, ha afirmado que «estamos en un momento histórico» y que «somos unos privilegiados porque tenemos unas empresas muy preparadas para los cambios que vienen». Y añadió que «el reto es que se agilicen los procesos administrativos para que no se retrasen los objetivos».

El consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, ha manifestado que «los fondos europeos ayudarán a la transición y son un reto para las empresas». Otro reto es, según él, «tener un marco regulador estable» y ha calificado de «fundamental» la obtención de un retorno a las inversiones.

Para el presidente de Novartis España, Jesús Ponce, una de las claves es la colaboración público-privada, y ha advertido de que «el tiempo juega en nuestra contra». Ha subrayado la necesidad de «educar a la población, pues la responsabilidad individual es otra de las palancas».

Roberto García ha recordado que el plan estratégico de REE prevé que el 75% de los 4.400 millones en inversiones serán para la transición energética. Ha apuntado como un reto la integración de las renovables en el sistema, así como aumentar las interconexiones con Francia. «Actualmente suponen solo el 3% de la capacidad, cuando tendríamos que haber alcanzado el 10%». También considera fundamental el almacenamiento para el despliegue de las renovables. «Sería un delito no aprovecharlas».

Ignacio Madridejos ha destacado los principales objetivos del plan Horizon 24 de Ferrovial, que incluye el crecimiento sostenible e innovador de las infraestructuras y ha recordado que participan en proyectos de movilidad como el coche compartido y los patinetes.

Jesús Ponce ha subraydo el contrato virtual de energía realizado por Novartis para que toda su demanda europea durante diez años sea suministrada por energías renovables, así como la renovación progresiva de su flota de más de mil vehículos por otros eléctricos e híbridos.

Después ha tenido lugar otra mesa sobre la ‘agenda rural y urbana, la lucha contra la despoblación’, en la que han participado María Ángeles Benítez, jefa de la representación de la CE en España; Milagros Marcos, diputada secretaria de agricultura y despoblación del PP y Joan Clos, exministro de Industria y ex director ejecutivo de ONU-Hábitat.

Clos ha recordado que la despoblación es un efecto mundial y ha afirmado que hay que hacer un análisis pausado sobre ese asunto. Dijo que sufrimos un «minifundismo municipalista» casi único en Europa. Ha pedido un libro blanco sobre las zonas rurales, la reforma de la administración municipal y que se destaquen las ventajas que ofrece la geografía «compleja» de nuestro país, como son, por ejemplo, sus parques naturales.

Milagros Marcos ha subrayado que «cada uno vive donde quiere vivir» y ha coincidido con el exministro en que «no aporta nada hablar de la España vaciada; hay que hablar en positivo». En alusión al Gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho que «hay que dejar ya de hacer planes y empezar a ejecutar medidas», como la digitalización de las zonas rurales, facilitar viviendas y empleo, una fiscalidad diferenciada y buenos servicios sanitarios y educativos.

María Ángeles Benítez ha destacado como principales obstáculos en la lucha contra la despoblación el envejecimiento de la misma en las zonas rurales y un mercado laboral poco diversificado.

Joan Clos ha afirmado que «somos un país privilegiado en Europa porque disponemos de una gran red de telecomunicaciones que nos dará una gran ventaja para implantar el 5G», pero en ferrocarril y carreteras «hay que hacer una repensada, sobre todo a nivel de las comunidades autónomas». Ha dicho que no es partidario de un requilibrio de la población, «sobre todo si no hay empleo», y ha advertido de que trasladar servicios a zonas rurales «cuesta dinero». Ha recordado que muy pocos países se «reruralizan»; solo Suiza, Suecia y Canadá. «Allí son los ricos los que se van al medio rural, los que se pueden pagar los servicios. En España, las peores pobrezas no están en esas zonas rurales, sino en barrios de Madrid y Barcelona».

Benítez ha manifestado que el objetivo «no es ‘reruralizar’, sino que todas las zonas contribuyan a la transición ecológica».

Milagros Marcos ha dicho que los fondos europeos deben contemplar el nuevo escenario y que, por ejemplo, habría que invertir en regadíos para ahorrar agua y aumentar la productividad. Y ha apuntado que los fondos Feder contemplan 20.000 millones de euros para entornos rurales. «Si no aprovechamos este impulso económico, la mayor parte de los pueblos quedarán desiertos».

Joan Clos se ha referido por último la concepto de sostenibilidad social, económica y ambiental. «Es más complejo de lo que parece» porque «antes de llevar a la gente hay que llevar el empleo; si se lleva a la empresa, ya irá la gente. Para ello hay que convencer a los que crean puestos de trabajo para que se instalen donde la gente quiere ir».

Orbis participa en la presentaición del Plan MOVES III

ORBIS - INSTALACIÓN VIARIS COMBI +
El pasado día 9 de abril, se celebró en el Complejo de Nuevos Ministerios (Madrid) la presentación del PLAN MOVES III de incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible, a cargo de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera

Dicho Plan constituye la línea de apoyo a la movilidad eléctrica más ambiciosa que se ha planteado en nuestro país, y tendrá continuidad hasta finales de 2023, con un presupuesto inicial de 400 millones de euros ampliables, al menos a 800, cuadriplicando la dotación de la convocatoria anterior. Además, dará ayudas de hasta 7.000 euros a la compra de vehículos eléctricos.

ORBIS, como fabricante de referencia de Puntos de Recarga para Vehículos Eléctricos, fue invitada a participar en la Exposición de modelos de Infraestructuras de Recarga y Vehículos Eléctricos de fabricación nacional, demostración del gran potencial industrial que existe hoy en día en el sector de la Movilidad Eléctrica en España.

Cabe destacar el momento vivido en su área de exposición, donde se recibió la visita de la Comitiva liderada por la Ministra Dña. Teresa Ribera, que fue atendida D. Joaquín Díaz, Director Comercial, quien les puso al corriente de la destacable trayectoria de ORBIS en el diseño y fabricación de Cargadores Inteligentes de Vehículos Eléctricos para entornos públicos y privados, y presentando a su vez el nuevo Cargador VIARIS COMBI + allí expuesto.

Este novedoso punto de recarga, destaca por su tecnología puntera en cuanto a versatilidad y funcionalidades, diseño de vanguardia y sencillo manejo.

Para más información

El precio de la recarga del vehículo eléctrico será transparente en las gasolineras a partir de abril de 2021

precio de la recarga del vehículo eléctrico gasolineras
  • El Ministerio para la Transición Ecológica quiere que las gasolineras tengan, a partir del 1 de abril de este año, la obligación de mostrar el coste por kilómetro que tiene cada uno de sus carburantes, incluidos los alternativos, con el fin de que los conductores puedan comprobar de forma directa cuánto cuesta cada combustible y valorar con ello sus futuras decisiones de compra, tal y como dispone una nueva normativa del Ministerio de Transición Ecológica aprobada el pasado 29 de diciembre

La información que las gasolineras deben mostrar será la publicada trimestralmente en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y se utilizarán los precios de venta al público promedio del trimestre y los consumos homologados según el estándar WLTP.

«A partir del 1 de abril de 2021 se deberá exhibir y mantener actualizada información comparativa de precios de combustibles y electricidad en las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos, gas natural e hidrógeno», recoge el Boletín Oficial de Estado. En ese mismo BOE se explica que los precios estarán «expresados en euros por 100 kilómetros recorridos».

Las gasolineras tendrán que mostrar esta información en su instalación «dentro de la zona de suministro o en la superficie comercial destinada a tienda, en un lugar suficientemente visible para el usuario», según recoge el BOE. El incumplimiento de esta norma será considerado infracción administrativa grave.

El Gobierno bajará la luz un 13% al quitar de la factura 7.000 millones de primas a las renovables

primas a las renovables
Repartirá las ayudas a las fuentes verdes con los carburantes y el gas

El Gobierno quiere repartir los 7.000 millones de euros anuales en ayudas para las renovables históricas entre todos los consumos energéticos, de modo que también se paguen al llenar el depósito del coche o en la calefacción. Para ello creará un fondo específico que alimentarán progresivamente los comercializadores de energía y que debería rebajar un 13% el recibo doméstico de la luz en un plazo de cinco años.

Las empresas eléctricas llevan muchos años quejándose de que el coste de reducir las emisiones de CO2 recae principalmente en la electricidad, porque tiene tecnologías capaces de producir energía limpia, como la eólica o la solar, a un menor coste que en otros usos energéticos, como los carburantes. Esto, a su juicio, desequilibra el reparto del esfuerzo por alcanzar los objetivos climáticos y penaliza la electricidad a la hora de competir con otras fuentes, como el petróleo.

El Gobierno ha escuchado sus argumentos y el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), en el que recalarán los costes de las renovables y la cogeneración incluidos en la parte fija del recibo de la electricidad. Según los datos publicados hoy por la Comisión Nacional de los Marcados y la Competencia (CNMC), durante el pasado 2019 ascendieron a 7.142 millones, representando el 40% de los costes fijos del sistema y alrededor de un 16% del recibo doméstico.

Los sujetos obligados a la financiación del FNSSE serán los comercializadores de electricidad, productos petrolíferos y gas, que contribuirán al nuevo Fondo en función de sus ventas, de un modo similar a como ya sucede con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). Habrá exenciones y compensaciones para aquellos sectores con menor capacidad de adaptación y respuesta al nuevo sistema.

Aunque el Gobierno aún debe concretar cómo será la repercusión del coste con relación al contenido energético de los productos vendidos, en principio, atendiendo a la estructura energética del país, la electricidad se quedará con el 30%, el gas con el 25% y los carburantes con el 45% restante, si bien estos porcentajes irán variando en función de la demanda.

No está claro el impacto que tendrá sobre los consumidores finales, porque dependerá de la voluntad de los comercializadores el repercutirlo sobre los clientes; puede ocurrir que opten por asumirlo para ganar competitividad; por ejemplo, en la actualidad las diferencias en el litro del carburante entre una gasolinera y otra alcanzan los 10 céntimos de euro.

Las petroleras, las más perjudicadas

Por empresas, en función del actual reparto del FNEE, a Repsol le correspondería un 20% de los 7.000 millones, a Endesa un 13%, a Naturgy un 12,5%, a Cepsa un 11,5%, a Iberdrola un 8%, a BP un 6,5%, a Galp un 4,5% y el resto se repartiría en varios centenares de empresas, entre las que también estarán los agentes directos al mercado. En consecuencia, las cuatro principales petroleras asumirán alrededor del 40%.

El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), impulsor de la medida, señala que persigue tres objetivos con ella: evitar subidas en el precio de la electricidad, dar señales claras para electrificar la economía y equilibrar las cuentas del sistema para facilitar inversiones durante los próximos años.

La Cartera dirigida por Teresa Ribera explica que los cambios en el mix de generación del país, con la salida de las centrales de carbón, el aumento del ahorro y la eficiencia energética, y con el peso creciente de nuevas renovables, mucho más baratas, reducen la recaudación obtenida con el recibo de la luz y destinada a cubrir los costes fijos del sistema eléctrico, provocando déficit.

Según las cuentas de la CNMC, el déficit de 2019 ascendió a 527,7 millones -el primero que se registra desde 2013-, y se cubrió gracias al superávit de ejercicios anteriores. Como a cierre de 2018 quedaban 1.037 millones en la caja, este superávit ahora se ha reducido a 509,3 millones. Este 2020, condicionado por la pandemia, el déficit será muy superior porque la caía de la demanda reducirá los ingresos.

Evitar una subida del 6,5% en el recibo doméstico

La Ley del sector eléctrico obliga a ajustar al alza los costes de la electricidad en cuanto se registre déficit, como sucedió el año pasado. El Miteco calcula que con la situación actual se producirá una subida del 10% al 15% en la parte regulada del recibo, que se traduciría en un incremento del 6,5% de la factura doméstica en un solo año. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión que esta subida era «algo intolerable» con la coyuntura actual.

El desequilibrio en las cuentas del sistema eléctrico, por otro lado, generaría incertidumbre sobre su sostenibilidad y retraería las inversiones en electricidad, frenando la electrificación de la economía, algo clave en el proceso de descarbonización.

En consecuencia, la creación del FNSSE, que será gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae), permitirá equilibrar el sistema eléctrico sin aumentar la factura ni endeudarlo. Se aplicará progresivamente, en un plazo de cinco años, a razón de un 20% por ejercicio, y al final del período, debería rebajar un 13% la factura eléctrica doméstica.

En el FNSSE no sólo recalarán los costes de las renovables; también la recaudación de varios impuestos que gravan la electricidad y los ingresos procedentes de las subastas de CO2. Los primeros han venido recaudando unos 3.000 millones al año, pero el citado cambio del mix y la reducción de la demanda y los precios eléctricos los empujan a la baja: se quedaron en 2.450 millones el año pasado. Los segundos pueden llegar a los 1.000 millones anuales, aunque en 2019 sólo aportaron 711 millones.

El FNSSE también podrá nutrirse de fondos adicionales procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, al objeto de cubrir posibles desajustes, y podrá devolver a las empresas los posibles superávit que registren las cuentas eléctricas.

Exenciones y bonificaciones

El Gobierno aplicará exenciones y bonificaciones al FNSSE. Las primeras serán para el consumo eléctrico para almacenamiento, el gasóleo agrícola, el gas natural para la cogeneración y la generación eléctrica, el queroseno para aviación, el gasóleo para navegación y pesca (excepto embarcaciones de recreo), así como el porcentaje de mezclas de biocarburantes en combustibles y de gases renovables en el gas natural.

Las bonificaciones serán para los posibles costes indirectos que pudieran derivarse sobre los consumidores: gasóleo de usos profesionales y para la industria electrointensiva y consumidora de gas natural pertenecientes a sectores en riesgo de «fuga de carbono», que se añadirán a lo previsto en el estatuto de los consumidores electrointensivos.

El Anteproyecto de ley se tramita de urgencia y podría empezar a aplicarse a mediados del año que viene, en función de lo que tarde en aprobarse en el Parlamento. El Miteco ya cuenta con las empresas perjudicadas recurrirán la medida en los tribunales, pero confía en su solidez jurídica y apunta a que es similar a otras ya existentes en la UE.

Convocatoria europea dotada de 1.000 millones para impulsar la transición ecológica y digital

Horizon 2020

La Comisión Europea ha puesto en marcha una convocatoria, dotada de 1.000 millones de euros, para proyectos de investigación e innovación encaminados hacia la transición ecológica y digital. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 26 de enero de 2021.

La denominada convocatoria del Pacto Verde Europeo, lanzada por la Comisión y financiada en el marco de Horizonte 2020, tiene como objetivos afrontar la crisis climática, proteger los ecosistemas y la biodiversidad de Europa, impulsar la recuperación de la crisis sanitaria y convertir los retos ecológicos en oportunidades de innovación. “Con un presupuesto de 1.000 millones de euros, es la última y mayor convocatoria en el marco de Horizonte 2020”, ha señalado la comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud de la Comisión Europea, Mariya Gabriel.

Dada la urgencia de los retos que aborda la convocatoria, la finalidad es conseguir resultados claros y perceptibles a corto y medio plazo, pero con una perspectiva de cambio a largo plazo. Así, hay menos acciones, pero más específicas, amplias y visibles, centradas en los aspectos de escalabilidad, difusión y adopción rápida.

Diez ámbitos en línea con el Pacto Verde Europeo 

Los proyectos financiados deben ofrecer resultados con beneficios tangibles en alguno de los diez ámbitos incluidos. Ocho de ellos reflejan las principales líneas de trabajo del Pacto Verde Europeo: aumento del nivel de ambición respecto al clima, energía limpia, asequible y segura; industria para una economía limpia y circular, edificios eficientes desde el punto de vista energético y de los recursos, movilidad sostenible e inteligente, estrategia ‘de la granja a la mesa’, biodiversidad y ecosistemas, y contaminación cero, entornos sin sustancias tóxicas.

Por su parte, los dos ámbitos restantes son horizontales, para reforzar el conocimiento y capacitar a la ciudadanía, a fin de ofrecer una perspectiva a largo plazo para lograr las transformaciones establecidas en el Pacto Verde Europeo. 

Sesión de información 

En el marco de las Jornadas Europeas de Investigación e Innovación, programadas del 22 al 24 de septiembre en formato virtual, se celebrará una sesión de información y un acto de intermediación.

La fecha límite para presentar proyectos es el 26 de enero de 2021 y está previsto que las iniciativas seleccionadas comiencen en otoño de 2021.

Las ventas de vehículos eléctricos crecen más de un 109% en enero, con 2.840 unidades

ayudas vehículo eléctrico
  • El objetivo de Transición Ecológica para 2020 es triplicar las cifras del año pasado y superar las 65.000 unidades, lo que pasa por un replanteamiento de los planes de ayudas
  • Ganvam y Aedive plantean al IDAE diez claves para un Moves más eficaz

Las ventas de vehículos eléctricos puros de todo tipo subieron un 109,3% durante el pasado mes de enero, hasta alcanzar las 2.840 unidades, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM).

Matriculaciones de vehículos eléctricos puros enero 2020
Cuadro 1: Matriculaciones de vehículos eléctricos puros enero. Fuente: GANVAM-AEDIVE

Si nos fijamos únicamente en los turismos, los datos muestran una fuerte subida del 171,5%, con un total de 1.618 unidades, frente a las 597 unidades del mismo mes del año 2019, lo que evidencia que la entrada en vigor ahora en 2020 de la legislación europea que obliga a que el mix de matriculaciones medias por fabricante no supere los 95 gramos de CO2 por kilómetro ha impulsado este tipo de modelos cero emisiones para ayudar a la consecución de objetivos.

Matriculaciones de turismos eléctricos enero 2020_AEDIVE_GANVAMLos comerciales ligeros, por su parte, se mantuvieron estables, con un total de 190 unidades, mientras que el sector de las dos ruedas se mantuvo al alza. Concretamente, las motocicletas, con un volumen de 132 unidades, y los ciclomotores, con 882 unidades, registraron un incremento del 116% y del 79%, respectivamente al cierre del pasado mes.

En este sentido, Ganvam y Aedive recuerdan que los objetivos del Ministerio de Transición Ecológica dentro de su hoja de ruta hacia la descarbonización fijan que para el ejercicio 2020 deberán alcanzarse las 65.000 unidades matriculadas de vehículos eléctricos de todo tipo, lo que supone triplicar las más de 24.000 matriculaciones con las que se cerró el pasado año.

A la vista de estos objetivos, ambas asociaciones consideran necesario poner en marcha un plan de acción que permita acelerar el ritmo de penetración del vehículo eléctrico en el parque automovilístico español, a sabiendas además de que el sector automoción tiene otra “espada de Damocles” en 2020, que es la necesidad de reducir hasta los 95 gramos de CO2/km la media de emisiones para cumplir con las exigencias de la legislación europea.

Para Ganvam y Aedive el cumplimiento de estas metas pasa por un replanteamiento de los planes de ayudas, por lo que plantean al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) diez claves para mejorar la eficacia del Moves, divididos en bloques relativos a las exigencias de achatarramiento, el precio de compra de los vehículos o la revisión del funcionamiento territorial de las ayudas, entre otros.

Eliminar la obligatoriedad del achatarramiento

Eliminar la obligatoriedad del achatarramiento de un vehículo, pudiendo ser un aliciente, pero no una condición necesaria, ya que quedan fuera de las ayudas sectores relevantes como el renting. En este sentido, según la directora general de Ganvam, Ana Sánchez, “la obligación de achatarrar un vehículo de más de 10 años funciona muy bien con los motores de combustión tradicional, pero no cuando se aplica con los coches eléctricos porque las empresas, que son las que compran estos vehículos, no disponen de modelos para achatarrar. Esta exigencia provoca que las líneas para la adquisición de vehículos en la autonomías que las tienen en vigor se agoten a un ritmo menor del esperado si se compara con lo que sucedía con el Movalt, por ejemplo, que se agotó en 24 horas”.

Elevar el precio límite de compra

Elevar el precio límite fijado para la compra del vehículo, ya que ahora mismo solo beneficia a vehículos eléctricos con poca autonomía. Si esto no fuera posible, el documento plantea que, al menos, se permita que el modelo más económico de cada marca pueda acceder a las ayudas.

Agilizar la tramitación

En la medida de los posible, ambas entidades piden a las diferentes Administraciones una mayor agilidad en la gestión de los trámites (concesión de licencias de obra, etc.) para poder cumplir con el plazo de justificación necesario para percibir la ayuda.

Unificar criterios regionales

Conscientes de que algunas de las medidas propuestas pueden suponer una injerencia en la gestión autonómica, ambas entidades consideran importante, al menos, que el IDAE las traslade a los responsables regionales, con el fin de alcanzar un procedimiento más eficaz.

Así, en cuanto a presentación de solicitudes, echan en falta un calendario preciso donde se fijen con la suficiente antelación las fechas de presentación de solicitudes en cada una de las CC.AA., poniendo fin a la arbitrariedad actual. Dado que la adjudicación de ayudas se hace por orden de presentación, contar con margen suficiente para recopilar la documentación necesaria garantizaría un procedimiento más equitativo para los solicitantes.

En esta línea, piden unificar los formularios de solicitud, así como homogeneizar el período de justificación una vez concedida la ayuda. Si bien en términos generales son 12 meses, hay comunidades como la valenciana que establecen plazos menores o incluso hay otras como la andaluza que comunican el plazo al adjudicar la ayuda.

Por otro lado, piden también mejorar la operativa de envío de solicitudes para hacerla más ágil, permitiendo por ejemplo la opción de subir toda la documentación al completo en la primera solicitud en lugar de que existan dos periodos.

En cuanto a la documentación requerida, piden una herramienta común. Concretamente, como ahora mismo, cada CC.AA. solicita una documentación distinta, piden al IDAE un canal común para la gestión de la subvención, como cuando se realiza la declaración de la renta en un formato único y cada comunidad aplica un IRPF diferente.

En este sentido, piden también la aceptación de Acuerdos Marco, ya que se dan casos de comunidades que solicitan hasta tres proveedores distintos para cada una de las partidas contempladas en los presupuestos. Esto requiere de un arduo trabajo de recopilación, especialmente en empresas grandes donde hace falta agilizar los procesos de compra mediante acuerdos marco que además garanticen mejores precios.

En cuanto al solicitante, éste debería ser siempre el beneficiario de la ayuda. Concretamente, en todas las convocatorias el solicitante es el beneficiario de la ayuda, salvo en Andalucía, Madrid y Galicia donde la solicitud debe hacerla el instalador. Al tener que recurrir a un intermediario para la presentación de la solicitud se ralentiza y dificulta el proceso, por lo que el solicitante debería ser siempre el beneficiario de la ayuda. Por otro lado, el hecho de que quien solicite la ayuda no sea cliente final puede retrasar la adjudicación hasta seis meses como ya ha ocurrido en Madrid, Valencia, Galicia y Andalucía.

Para el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia, “junto con un plan de ayudas coherente, es necesario el desarrollo de una reforma fiscal basada en el criterio de quien contamina, paga, para dar las señales adecuadas al mercado. Igualmente, noticias como la circular de la CNMC por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad ha sido positiva, por cuanto reduce el coste fijo de los puntos de carga de alta potencia, ya que traslada una parte sustancial del término de Potencia al término de Energía y hace más viable las inversiones en este tipo de infraestructuras, imprescindibles para la movilidad eléctrica”.

 

Más de 2.000 puntos de recarga y casi 400 vehículos de energías alternativas, balance de las ayudas en Andalucía

movilidad sostenible_AEDIVE

La Junta de Andalucía ha recibido solicitudes para más de 2.400 actuaciones de mejora energética en el marco del paquete para un transporte sostenible de la comunidad autónoma que puso en marcha el pasado mayo para dar un nuevo impulso a la descarbonización y eficiencia energética de este sector.

Así lo ha dado a conocer la Consejería de Hacienda, Industria y Energía en un comunicado este lunes en el que resalta que, de este modo, el balance final de cierre de solicitudes de ayudas acogidas a dicho paquete de medidas de mejora energética arroja unas cifras «muy positivas».

Entre las más de 2.400 solicitudes recibidas figuran para la instalación de más de 2.000 puntos de recarga, la adquisición de casi 400 vehículos de energías alternativas, así como para una decena de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas.

Dicho paquete engloba el programa ‘Moves Andalucía’ y el programa regional para el desarrollo energético sostenible ‘Andalucía es más’, ambos gestionados por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, que ha tenido una «gran acogida» entre ciudadanos, empresas y entidades locales, según resalta el departamento que dirige Juan Bravo en el Gobierno andaluz.

De hecho, en apenas seis meses se ha destinado un presupuesto global de 19 millones de euros para impulsar un transporte energéticamente más sostenible en Andalucía, movilizando una inversión en la región de 59 millones de euros, según destaca la Consejería.

La «medida estrella» en ambos programas ha sido la infraestructura de recarga, lo que ha hecho que «se superen los objetivos iniciales que preveían triplicar los puntos de recarga existentes en Andalucía –en torno a 250 a fecha de abril de 2019–, multiplicándose por ocho hasta superar los 2.000».

‘MOVES ANDALUCÍA’

El programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible, ‘Moves Andalucía’, financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado y coordinado por el IDAE para la adquisición de vehículos de energías alternativas, así como para infraestructuras de recarga eléctrica y cuya ventanilla cerró el pasado 31 de diciembre, ha consumido de forma íntegra los ocho millones de euros de presupuesto global con los que contaba la región.

Según la Consejería, la Agencia Andaluza de la Energía ha realizado «una importante labor de estimulación de la demanda para animar, principalmente a las empresas, a sumarse al camino de las energías alternativas».

Desde que se abrió ‘Moves Andalucía’ el pasado 19 de junio, ha constituido diversos grupos de trabajo y comités y se ha reunido con más de un centenar de agentes nacionales y regionales del sector –concesionarios, fabricantes de vehículos, empresas de renting, asociaciones y patronales de transporte, como Anfac, Aedive, Fedeme, Gasnam, Faconauto, AER, Fatrans, Fadia–, incidiendo en los sectores con mayor potencial de uso de vehículos de energías alternativas, como los de distribución de alimentación y medicamentos, estaciones de servicio, transporte o mensajería.

Todo ello, «para asegurar una eficiente ejecución de los fondos públicos gestionados y el cumplimiento de los objetivos previstos».

Además, ante el enorme aumento de la demanda para infraestructuras de recarga, incentivadas con el 30% de ayudas a empresas y el 40% a ciudadanos, comunidades de propietarios y entidades públicas, y producida fundamentalmente durante las dos últimas semanas del cierre de ‘Moves Andalucía’, la Agencia Andaluza de la Energía ha redistribuido sus fondos en diciembre «para atender a esta avalancha de solicitudes».

De esta manera, en lugar del 45% de presupuesto inicialmente previsto para esta medida, se destinará finalmente el 78% del mismo. De esta forma, 6,3 millones del presupuesto global han ido a parar a los 623 expedientes solicitados para infraestructuras de recarga, que suman un total de 1.790 puntos de recarga, porque en un mismo expediente se puede englobar más de un punto.

En cuanto a las entidades públicas que han solicitado ayudas para facilitar la creación de infraestructuras de recarga, destacan los ayuntamientos de Córdoba y Jaén, así como las Diputaciones de Granada y Córdoba, que han aprovechado el programa para tejer una red de recarga en sus provincias o definir corredores que faciliten el uso de tecnología eléctrica. También siete universidades andaluzas se han sumado a este camino sostenible, así como la empresa Correos, Autoridades Portuarias y los Mercados centrales de abastecimiento de Sevilla, Málaga y Córdoba.

El programa Moves también incentivaba sistemas de préstamos de bicicletas a empresas y entidades locales. En total, han sido once las solicitudes presentadas.

Respecto a los vehículos de energías alternativas, se han solicitado 376, con un incentivo de 1,6 millones de euros. De ellos, 347 han sido eléctricos y 29 a gas. 161 andaluces y 160 entidades locales y públicas han decidido apostar por vehículos más eficientes, mientras que en el lado de la empresa privada y los autónomos se han realizado 49 solicitudes.

‘Moves Andalucía’ ofrecía ayudas que oscilaban entre los 600 euros para cuadriciclos ligeros eléctricos puros y los 15.000 euros para furgones, camiones, autobuses y autocares. Los vehículos ligeros eléctricos recibían 5.500 euros.

Uno de los requisitos solicitados por el Gobierno central para optar a estas ayudas era que los vehículos debían sustituir a otros con una antigüedad de diez años en el caso de turismos y de siete años en el de furgonetas, siendo obligatorio su achatarramiento.

Este requisito es, precisamente, según informa la Junta «el que más obstáculos ha supuesto para el aumento de las solicitudes de vehículos eléctricos», una cuestión que el pasado agosto el Gobierno regional ya trasladó a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, mediante el envío de una carta.

Y es que, en opinión de la Junta de Andalucía, la entrega de otro vehículo para achatarrar debería haber sido un requisito intensificador de la ayuda, pero no excluyente, por constituir para las empresas, entidades y empresas de renting «un elemento limitante para la renovación de flotas».

‘ANDALUCÍA ES MÁS’

Por otro lado, el pasado mes de agosto y en apenas dos meses, se agotaron los 11 millones de euros de fondos regionales-Feder de Andalucía es más destinados a la renovación de vehículos y flotas energéticamente eficientes para entidades locales, así como a infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos y combustibles alternativos.

Este programa hacía especial incidencia en estaciones de recarga con energía fotovoltaica para autoconsumo, «para reforzar el objetivo perseguido por la Junta de Andalucía de incrementar la aportación de energías renovables en la generación eléctrica aplicada al sector del transporte».

Así, las instalaciones de la recarga directa con fuentes limpias han sido la actuación que más interés ha despertado, destinándose el 90% de los fondos del Programa y movilizando una inversión estimada de más de 21 millones de euros.

El Gobierno confirma cuándo se prohibirán en España los coches diésel, gasolina e híbridos

prohibición vehículos combustibles fósiles
  • La rueda de prensa después del Consejo de Ministros ha sorprendido con una fecha para la prohibición para los vehículos movidos por combustibles fósiles, ya sean diésel, gasolina, híbridos o bifuel de gas

Desde hace meses, los componentes del nuevo Gobierno llevan avisando de un posible fin de los combustibles fósiles para el transporte en nuestro país. Y la rueda de prensa tras la última reunión del Consejo de Ministros así lo ha confirmado, con declaraciones en las que se asegura que en 2050 se espera conseguir un transporte de emisiones neutras.

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico hace tiempo que emplea un tira y afloja en sus declaraciones sobre el fin del uso de vehículos de combustión en nuestro país. Ahora, Teresa Ribera ha vuelto a poner fecha a una posible prohibición para todos los automóviles gasolina, diésel, bifuel de gas o híbridos: 2050.

Como te contamos hace tiempo, estas declaraciones siguen el camino que ya se dejó entrever con las medidas que espera tomar la propia Unión Europea. Cuando aún formaba parte del anterior Gobierno, Ribera avanzó que en 2040 no se venderían vehículos de combustión en nuestro país, una medida que fue rechazada por la Unión Europea, quien advirtió que no se puede prohibir la venta de un producto que cumple con los estándares comunitarios.

La decisión del entonces Ejecutivo fue la de tirar por la calle de en medio. El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobado por el anterior Gobierno de Pedro Sánchez en febrero de 2019 apostaba por seguir la línea que ha marcado la Unión Europea: emisiones neutras de CO2 en el transporte en 2050. Es decir, desde Europa recuerdan que no se puede prohibir un producto que cumpla las normas dictadas por Bruselas pero, al mismo tiempo, esperan que en 2050 no circulen vehículos que emitan emisiones contaminantes. ¿Se puede hacer de alguna otra manera que no sea cambiando la legislación actual?

Misma posición que hace un año

La comparecencia de Teresa Ribera sólo ha servido, por tanto, para recalcar que el Gobierno sigue adelante con su plan de prohibir la circulación a los vehículos de combustión en 2050, el mismo plan que, como decimos, prevé la Unión Europea.

Durante la rueda de prensa, la ministra y vicepresidenta del Gobierno ha presentado el acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España, donde se recogen 30 medidas de aplicación prioritaria (cinco de ellas para aplicarlas en los primeros 100 días de mandato) entre las cuales se recoge la intención de “llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsado para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad».

Queda claro, por tanto, que la intención del Ejecutivo es seguir dando pasos hacia una movilidad completamente eléctrica, por lo que se ha recalcado que, salvo motivos ajenos a la movilidad, no se darán ayudas a la compra de automóviles movidos por combustibles fósiles, ya sean gasolina o diésel, pero tampoco bifuel de gas o híbridos.

Todo ello quedará reflejado de manera definitiva si, finalmente, el Gobierno consigue sacar adelante la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en la que casi lleva un año trabajando.

Las matriculaciones de eléctricos aumentaron un 56% en 2019 cumpliendo con los objetivos de Transición Ecológica

matriculaciones vehículos eléctricos_AEDIVE
  • Hasta diciembre se matricularon un total de 24.261 unidades de vehículos eléctricos puros sumando turismos, dos ruedas, comerciales e industriales

Las matriculaciones de vehículos eléctricos de todo tipo (turismos, dos ruedas, comerciales e industriales) cerraron 2019 con un total de 24.261 unidades, lo que supone un 56,3% más, superando las 24.000 unidades previstas por el Ministerio de Transición Ecológica. Según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (GANVAM), la movilidad eléctrica subió un 2,1% en diciembre, hasta alcanzar las 2.375 unidades matriculadas.

Si nos fijamos solo en los turismos, las matriculaciones cerraron el año con un aumento del 63,4%, con un total de 10.047 unidades. Solo durante el pasado mes, se registraron 974 unidades matriculadas, lo que supone un 29,7% menos, lo que evidencia que la entrada en vigor ahora en 2020 de la legislación europea que obliga a que el mix de matriculaciones medias por fabricante no supere los 95 gramos de CO2 por kilómetro ha retrasado la distribución de este tipo de modelos cero emisiones para ayudar a la consecución de objetivos.

Para el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia, «las previsiones que hicimos a principios de 2019 sobre los resultados finales anuales de matriculaciones de vehículos eléctricos puros han coincidido con el dato real, y el análisis de cara a 2020 es triplicar esa cifra, teniendo en cuenta aspectos como el incremento de la oferta, con la llegada de una treintena de modelos de coches nuevos; el rápido despliegue de infraestructuras de recarga rápida y ultrarrápida en itinerancia, y la reducción en Europa de 130 a 95 gr de CO2/km de los límites de emisiones medias de los fabricantes, si bien queda pendiente a nivel estatal la puesta en marcha de una reforma fiscal coherente con los objetivos del PNIEC y de un plan de ayudas coherente, ambicioso y coordinado con el resto de administraciones”.

Estas cifras deberán triplicarse en el conjunto de 2020, hasta alcanzar las 65.000 unidades

En la misma línea, la directora general de Ganvam, Ana Sánchez, apunta que “las previsiones para 2019 se han cumplido, pero es necesario que en 2020 se alcancen las 65.000 unidades, lo que exige que exista un plan nacional claro y unívoco para el vehículo cero emisiones, máxime cuando para lograr el objetivo de que el mix de matriculaciones no sobrepase los 95 gramos será necesario impulsar las ventas de estos modelos, que a día de hoy todavía tienen una representación del 0,8%”.

El canal de empresa, el que tira del mercado

Los datos ponen de manifiesto que es la empresa la que mayor esfuerzo está llevando a cabo para introducir estos modelos en el parque, de tal forma que si se apoya en mayor medida la movilidad cero emisiones dentro de la cultura corporativa es posible acelerar su implantación de cara a conseguir los objetivos de Transición Ecológica, que fijan un total de cinco millones de eléctricos para 2030. Así, el 57,5% de los turismos eléctricos matriculados en 2019 se destinaron a flotas, con 5.779 unidades, lo que supone un 56,4% más si lo comparamos con las unidades matriculadas hasta diciembre del pasado año.

Por eso, Ganvam y Aedive abogan por medidas de corte fiscal que ayuden a las empresas a seguir electrificando la flota, tales como que la deducción en el rendimiento en especie para vehículos corporativos eléctricos puros sea de al menos el 50% o que aquellos modelos cuyo precio antes de IVA supere el techo establecido para las ayudas puedan computar con el máximo coste establecido.

El canal particular, por su parte, registró un incremento acumulado del 104%, con 3.334 unidades de turismos eléctricos matriculados. En este sentido, el elevado precio de adquisición hace que, de momento, no sea una opción de movilidad apta para todos los bolsillos, lo que frena su popularización.

Para la directora general de Ganvam, Ana Sánchez, “solo si se impulsa el eléctrico en el canal de empresa, se acelerará su implantación en el parque y, por su alta tasa de renovación, se generará una oferta de usados que ayudará a acercarlo al particular a un precio más asequible. De la misma forma que el híbrido se ha popularizado, en la medida en la que se ha hecho un habitual de las flotas”. En este sentido, las matriculaciones de turismos híbridos registraron un total de 7.427 unidades matriculadas en 2019, lo que supone un 30,5% más.

El ejemplo de las Administraciones Públicas

Por otro lado, el director general de Aedive, Arturo Pérez, ha señalado la importancia de que las Administraciones Públicas tomen definitivamente las riendas en la ejemplaridad de la descarbonización del transporte con la transformación de sus flotas “en un arranque de década que debe significar el compromiso de los gobiernos estatal, regionales y locales por adecuar sus propuestas climáticas a sus actuaciones”, al tiempo que ha pedido que se despolitice el mensaje del cambio climático y de la contaminación “porque es algo que nos afecta a todos, con independencia de ideologías”.

 

El Gobierno de La Rioja asigna 12.000 euros para el punto de recarga de vehículos eléctricos

recarga vehículos eléctricos
  • Arantxa Carrero, concejal de Desarrollo Sostenible de Haro, subraya la intención de instalar, poco a poco, más dispositivos de recarga

El Consejo de Gobierno riojano autorizaba el pasado viernes la disposición del gasto a la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica para la concesión de ayudas orientadas a fomentar proyectos de movilidad sostenible en entidades locales, por un importe de 65.362,82 euros, de los cuales el ayuntamiento de Haro recibirá la cantidad de 12.000 euros.

La concesión de estas ayudas está vinculada a puntos de recarga de vehículos eléctricos y se hace en régimen de concurrencia competitiva. El ayuntamiento de Haro ya solicitó el pasado 8 de julio en Junta de Gobierno Local una subvención para proyectos de movilidad sostenible. La concejal encargada del área de Desarrollo Sostenible en el Ayuntamiento de Haro, Arantxa Carrero, señala que «este punto de recarga para vehículos eléctricos es sólo el primero. Nuestra idea es que poco a poco se vayan instalando más dispositivos. Estamos muy concienciados con el medio ambiente y los coches híbridos o eléctricos deben ser el futuro».

El nuevo punto de recarga eléctrica, de carácter semirrápida tipo pilona con doble toma, se encuentra ubicado en la trasera del hotel Los Agustinos, justo en la intersección de la calle Grecia con Avenida de La Rioja.

Estas ayudas van dirigidas a localidades de menos de 25.000 habitantes y se enmarcan en la estrategia de la Unión Europea sobre movilidad limpia, competitiva y conectada a todos.